viernes, 21 de julio de 2017

NUESTRO RECHAZO A LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En los planes por continuar con el saqueo de los bienes comunes a manos de las empresas locales y transnacionales, el gobierno de Jimmy Morales, a través del Ministerio de Trabajo (Mintrab) que administra los intereses de clase de la burguesía guatemalteca, ha decido imponer una Guía Operativa de Consulta a Pueblos Indígenas.

En esencia esta guía, presentada el día de ayer 18 de julio, pretende coartar el derecho de los pueblos a decidir, con base en el Convenio 169 de la OIT, sobre su acuerdo o desacuerdo con proyectos extractivos como los de minería, hidroeléctricos, de palma de aceite, caña de azúcar, entre otros. Esta guía es presentada como fruto de la consulta hacia comunidades y pueblos indígenas, cuando lo evidente es que ha sido objeto de rechazo público y generalizado por parte de las comunidades, pueblos, autoridades y organizaciones indígenas.

Como Frente Popular denunciamos y condenamos esta guía y la acción que realiza el Mintrab, así como las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que han dado prioridad a los intereses de los grandes empresarios por sobre el Convenio 169, el cual siendo materia de derechos humanos tiene carácter constitucional.

Nos solidarizamos y nos hacemos parte de las resistencias de los pueblos indígenas y mestizos contra la imposición de estos proyectos de muerte. Creemos firmemente en que los pueblos tienen derecho a determinar sus prioridades en materia de desarrollo, sin imposición de intereses minoritarios como los representados por los proyectos empresariales, que además de saquear el país, están provocando profundos daños al ambiente, al bienestar social y económico de cientos de comunidades sobre las cuales impactan de forma directa e indirecta. Las más de 90 consultas realizadas, en las cuales pueblos indígenas y mestizos han manifestado su consenso contra proyectos extractivos, han sido democráticas, legales y legítimas, y se han basado en sus propias formas para decidir al respecto. Por eso deben ser reconocidas y validadas por el Estado.

Desde la ciudad y el campo debemos luchar por el respeto al derecho de consulta de los pueblos indígenas y mestizos, en el entendido que con estas acciones democráticas se está garantizando la defensa de los bienes comunes como el agua, la biodiversidad, los minerales, etc. de todas y todos los guatemaltecos sin distinción.

Frente Popular
Guatemala, 19 de julio de 2017

domingo, 18 de junio de 2017

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y su injerencia sobre Venezuela


Por Antonio Castillo
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo público el 15 de junio un llamado a rechazar la asamblea constituyente de Venezuela y apoyar una resolución electoral a la crisis.[1] Con este escrito, Wola puede ser ubicada como parte de la mascarada injerencista dirigida en distintas escalas por Estados Unidos, por el secretario de la Organización de Estados Americanos y por la oposición al interior de ese país hermano.
La estrategia persigue el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, la derrota del proceso revolucionario y el restablecimiento del orden existente hasta 1999, cuando gobernaba la oligarquía y cuando las multinacionales petroleras y el Estado estadounidense controlaban el saqueo de las enormes riquezas venezolanas.
El fondo de esta agresión encuentra su principal explicación en la pretensión por apropiarse de las enormes riquezas de Venezuela: petróleo, agua, minerales raros, etc. Esto recursos son de apetencia de las corporaciones globales y de Estados Unidos, quienes pretenden controlarlos con objetivos de acumulación capitalista y control estratégico, además del objetivo de evitar que continúe un proceso revolucionario que no permite el saqueo de los bienes comunes en ese territorio. Así las cosas, estos poderes económicos y políticos activan todo su aparataje y capacidad mediática, política, financiera y militar, para recuperar ese control perdido desde el inicio de la Revolución Bolivariana.
Estos planes de expolio y coloniaje encuentran en la hegemonía previamente construida y controlada por estas fuerzas uno de los soportes de la agresión contra el proceso venezolano. El engaño mediático convertido en matriz de opinión y visión única, impacta en mucha personas que creen en la desinformación y engaño emanado de las grandes corporaciones de "información" y de estructuras mediático-empresariales como la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto genera el predominio de una visión y posición opuesta a la revolución y gobierno bolivariano de Venezuela.
En esta comparsa, un conjunto de instituciones del régimen internacional también ha sido activado en dirección a consolidar el cerco mediático y político al proceso bolivariano. Esto explica la acción oficiosa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de gobiernos derechistas como el de México, Brasil, Argentina y Guatemala, y un conjunto de fundaciones u oenegés, incluidas algunas de derechos humanos, como Human Rights Watch y Wola.
En específico, la declaración de Wola es parcial, tendenciosa e injerencista. Con su rechazo a la asamblea constituyente, su demanda de elecciones y su llamado al "hemisferio" a rechazar el curso político intencionado por el gobierno de Nicolás Maduro, Wola se convierte en caja de resonancia de la agenda injerencista de Estados Unidos[2] y de la estrategia de la oposición venezolana.
Pero analicemos con detenimiento la declaración de Wola.
Wola inicia calificando de "inconstitucional" el proceso y la constituyente que será instalada después de la elección correspondiente. En su falta de seriedad Wola obvia los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los cuales se desmorona su afirmación. En el artículo 348 de dicha constitución se establece que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla, entre otros, el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, tal y como ha sido en este caso. Esto hace constitucional no solamente al sujeto de la iniciativa y propuesta constituyente, sino también al proceso y la Asamblea Nacional Constituyente que de la elección libre y secreta de los ciudadanos resulte. Así mismo, en el artículo 349 se establece que el presidente –como cualquier otro poder constituido– no podrá objetar la nueva constitución o impedir las decisiones de la asamblea constituyente, lo cual hace que él mismo quede sujeto a cualquier disposición que la misma resuelva.
Wola miente cuando afirma que la "Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea Constituyente" y que "el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí mismo". En este sentido Wola pretende que el proceso constituyente actual se base en lo aplicable para la constitución de 1999. Argumenta que dicha constitución fue convocada después de consultar al soberano a través de consulta popular. Afectivamente así fue realizado en esa ocasión, en aplicación de la norma proveniente de la constitución de 1961. Sin embargo, la constitución que rige actualmente es la de 1999 y no la de 1961. En su declaración Wola obvia, además, que la constitución que acuerde la constituyente en 2017, será sometida a referendo popular.
Wola argumenta que el proceso constituyente en marcha "desempoderará" a los ciudadanos venezolanos. Esto sorprende siendo que el proceso definido y convocado tiene una implicación absolutamente contraria a lo afirmado por esta oenegé estadounidense. En primer lugar porque en el proceso constituyente en marcha pudieron inscribirse no solamente candidaturas procedentes de partidos pro gubernamentales y opositores, sino también ciudadanos individuales que así lo quisieron. Así las cosas, en lugar de ser un retroceso en materia democrática, de "desempoderamiento", un "asalto a un principio fundamental de la democracia: la soberanía del pueblo" como afirma Wola, la convocatoria a la inscripción de candidaturas constituyó un avance democrático al abrir la posibilidad para que cualquier ciudadano procedente del soberano, incluidos ciudadanos de la oposición al actual gobierno, pudiera inscribirse y competir por un puesto en la constituyente. En segundo lugar porque estamos ante un proceso constituyente que se abrió no solo para la postulación y elección de constituyentes por circunscripción territorial, sino también por sectores representativos de la sociedad venezolana, como los trabajadores, estudiantes, pueblos indígenas, comunas, empresarios. 3 mil 200 candidaturas distritales y 2 mil 300 candidaturas sectoriales han sido validadas para competir por los 545 escaños en la constituyente; esto es inédito y profundamente democrático al trascender la representación liberal-eurocéntrica y avanzar hacia una representación multisectorial, plurinacional y popular, tal y como es la demanda de varios pueblos latinoamericanos para lograr el avance en materia de derechos.
Wola, en su descalificación del proceso, afirma que las reglas para seleccionar a los delegados a la Asamblea, fueron concebidas para favorecer a los partidarios de Maduro. En este aspecto Wola obvia que en Venezuela –como en todas partes– nos encontramos en una disputa y que cada fuerza política perseguirá salir victoriosa de la misma. En ese sentido, es claro que el gobierno actual –como no podía ser de otra manera y como lo haría la oposición venezolana– busca que la constituyente se integre con una mayoría favorable al avance del proceso revolucionario. Sin embargo, tal y como ha sido la constante durante estos años, la postulación y elección de representaciones políticas ha sido cada vez más democrática, puesto que el Estado ya no es controlado por una oligarquía y por partidos que actuaron contra los intereses mayoritarios; todo lo contrario, hoy dirige el gobierno venezolano una persona procedente de la clase trabajadora.3
Wola también afirma que los candidatos de Maduro "podrían tomar la mayoría de los asientos ganando menos que el 30 por ciento del voto". Esta afirmación es confusa y sin fundamento procedimental y matemático que lo valide. La fuerza que la Revolución Bolivariana alcance dependerá del apoyo popular que logre en esta coyuntura y de la decisión que finalmente tome la oposición con relación a las candidaturas opositoras que lograron postularse y del apoyo que estas reciban.
En su argumentación contra el proceso y la constituyente en Venezuela, Wola plantea que la Asamblea Constituyente tendrá "poderes de origen que sobrepasarán los poderes constituidos". Cualquier jurista o estudiante de derecho constitucional sabe que una asamblea de este tipo es la representación del poder soberano y como tal es superior a cualquier poder previamente constituido. Esa es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. En ese sentido, la Asamblea Constituyente tendrá la legitimidad y podrá ejercer poder por sobre los poderes constituidos, incluido el poder del Presidente de la Republica o de la Asamblea Nacional.
El llamado injerencista que realiza Wola "apela a las naciones del hemisferio a reconocer la importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la Constitución de 1999". De esta apelación surgen las preguntas: ¿Qué implicaría "reconocer la importancia de este momento"? ¿En su ambigüedad acaso Wola no está validando cualquier tipo de intervención y agresión contra Veenezuela, que parta del "reconocimiento de este momento"?. Así mismo, ¿Por qué razones, que no sean las de hacerse parte de la estrategia injerencista, Wola insta a que el gobierno se abandone el proyecto de nueva constituyente? ¿Por qué razones detenerse necesariamente en la constitución de 1999? ¿Acaso no es legítimo que un gobierno pueda plantearse la convocatoria a una nueva constituyente?
En la misma tónica, esta oenegé internacional, cuestiona la negativa del presidente Nicolás Maduro a un referendo revocatorio presidencial en 2016, justo el año en que tomó posesión. Ante esto puede preguntarse ¿Por qué un gobierno legal y legítimamente electo tendría que someterse a un referendo revocatorio solo porque así lo pedía una oposición que demostró su carácter antidemocrático y violento después de perder la elección presidencial? ¿Por qué aceptar un revocatorio en ese momento cuando el artículo constitucional número 72 indica que este puede efectuarse hasta después de transcurrida la mitad del período para el cual fue electo un funcionario? Wola miente, además, cuando afirma que Maduro pospuso indefinidamente las elecciones regionales, siendo que esta decisión estuvo en manos y fue argumentada por el Consejo Nacional Electoral (órgano constitución refrendado por la comunidad internacional que ha observado y certificado sucesivos procesos electorales), el cual ha convocado a elecciones regionales para diciembre de 2017 y ha ratificado la elección de nuevo presidente para 2018, tal y como corresponde.
En su declaración Wola obvia u oculta otro conjunto de elementos fundamentales de análisis. Por ejemplo, no analiza por qué razones los partidos de oposición cuestionan el proceso constituyente y por qué buena parte de la misma –no toda, como se constata– decidió abstenerse de presentar candidaturas para la Asamblea Constituyente. Wola obvia, como se demuestra en los hechos concretos, que la oposición no está accionando por una vía política y democrática; todo lo contrario, que está orientada al derrocamiento de Maduro a través de métodos violentos e injerencistas, con lo cual su práctica es claramente inconstitucional. Así las cosas, el que la oposición violenta se auto excluya del proceso constituyente –como se ha negado al diálogo, inclusive con la mediación del representante del Papa Francisco– no le resta legitimidad a la nueva constituyente. La legitimidad de la nueva Asamblea Constituyente estará dada por la participación ciudadana en el proceso eleccionario, lo cual será muestra de la legitimidad y apoyo popular al proceso constituyente; además, del impacto que pueda tener la estrategia violenta de la oposición, que sin duda intentará frenar por todos los medios a su alcance (los inconstitucionales inclusive) la realización del evento eleccionario y constituyente. Especialmente, su legitimidad, dependerá del carácter de los cambios que queden plasmados en la nueva constitución, de si estos serán de beneficio para las grandes mayorías y para profundizar el proceso democrático.
Wola, en su carácter de oenegé de derechos humanos, tampoco dice nada y no condena los métodos violentos y criminales de la oposición venezolana utilizados contra guarderías, hospitales, transporte público, centros de justicia, centros educativos, pequeños negocios y viviendas. Tampoco condena los cientos de heridos y las decenas de asesinatos, de cuya mayoría es responsable dicha oposición que ha hecho uso de bombas molotov, armas hechizas, armas de fuego, gasolina, alambres degolladores, aceite regado en calles, entre otros medios. Así mismo, no condena el uso de niños y adolescentes como parte de las guarimbas violentas, que han tenido como cauda la muerte de un joven de 16 años producto de la manipulación de bombas hechizas. No dice nada de los impactos psicológicos, sociales y económicos de la violencia opositora contra todo el pueblo venezolano. Con esta declaración, Wola contradice su propio carácter como organización que "promueve los derechos humanos" y persigue que "la justicia prevalezca sobre la violencia".
La posición y petición de Wola claramente es de carácter político. Carece de asidero en la defensa de derechos humanos, lo cual le daría legitimidad a su alegato. Su pretensión clara es contribuir a frenar el avance del proceso dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro. Así las cosas, Wola se posiciona en el bloque de quienes aplican una política injerencista para detener el proceso bolivariano. Wola trasciende su carácter de organización promotora de derechos humanos y se convierte en una organización política que, además, desconoce el derecho de los pueblos –en este caso el venezolano– a la autodeterminación, la independencia y la soberanía.


[2] Un ejemplo claro de esta injerencia de Estados Unidos se encuentra en el documento del Comando Sur titulado Operación Venezuela Freedom 2. https://kenzocaspi.wordpress.com/2017/04/05/el-plan-de-eeuu-para-intervenir-a-venezuela-documento-de-comando-sur-operacion-venezuela-freedom-2/

sábado, 29 de abril de 2017

LLAMADO A LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA

Compañeras y compañeros: nuestra condición de clase social explotada y oprimida se debe a que la clase social dominante, la burguesía, representada en el CACIF, controla la economía y el Estado.

La burguesía posee y controla la propiedad privada de los principales y estratégicos medios de producción en el país: la mayor parte de la tierra productiva a través del latifundio agroindustrial y pecuario (plantaciones de caña de azúcar, palma de aceite, banano, café, ganadería, etcétera), la industria transformadora y extractiva, la banca, el comercio por medio de la distribución de los alimentos esenciales, la construcción, la tecnología, y los medios de comunicación.

A través de sus empresas locales y transnacionales, la burguesía ha extendido en los últimos años la explotación y su propiedad a través del robo y despojo de los bienes nacionales, comunitarios y de la naturaleza. Con estos bienes alimenta los proyectos privados de inversión y el reparto de la nación (desvío de ríos para sus plantaciones agroindustriales y sus hidroeléctricas, por ejemplo) que hace parte del pacto que tiene con las empresas transnacionales. Así mismo desvía los recursos del presupuesto nacional para financiar negocios particulares de mafias privadas ubicadas estratégicamente en el sector público para esos fines, con lo cual sale afectado el pueblo a quien no se le garantiza derechos y servicios esenciales.

De esta forma y a la medida de sus intereses históricos, la burguesía ha ido construyendo una economía del despojo y rediseñado en el plano ideológico y político su Estado: los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, la Corte de Constitucionalidad, la mayoría de partidos políticos, los medios masivos de propaganda, las universidades, las principales iglesias. Por eso, la mayoría de leyes y políticas que se aprueban benefician a esa clase parasitaria, mientras afectan al pueblo en general. De ahí que el Estado no responde a los intereses del pueblo trabajador, de los pueblos indígenas y de las mujeres quienes integramos las grandes mayorías.

Así se explica también cómo la burguesía ha ido acumulando cada día más riqueza y adquiere mayor poder, mientras la clase trabajadora, aun teniendo empleo, vemos como se reduce nuestro ingreso y se deterioran nuestras condiciones de vida. Así mismo, que nuestra participación política en general se reduzca a avalar con nuestro voto al gobierno que la burguesía ha escogido de antemano. Y, por supuesto, que cuando protestamos y defendemos nuestros derechos se nos criminalice y reprima.

Sin embargo, esta burguesía no sería tan poderosa ni podría mantenerse en el poder, sino tuviera un aliado vigoroso como lo es el imperio de Estados Unidos, junto al cual nos mantiene como un país atrasado, miserable, degradado ambientalmente, ocupado militarmente, dependiente económica y tecnológicamente, despojado de sus recursos estratégicos y vitales, controlado y subyugado por medio del terror de una violencia cotidiana que, disfraza de común, es ejercida por bandas paramilitares como las maras y policías privadas y por los aparatos de represión y control estatal.

Por eso, como clase trabajadora debemos tener la sabiduría para clarificar nuestra lucha y uno de los principales asuntos para lograrlo está en saber quiénes somos y cuáles son nuestros enemigos estratégicos: la burguesía y el imperialismo. También, establecer como nuestro único horizonte de lucha está en el rompimiento de las cadenas de explotación y opresión, la destrucción del capitalismo y el Estado burgués, y la construcción de un Estado y una economía socialista que es la precisa para lograr el beneficio y desarrollo de las grandes mayorías.

Es por ello que este 1º de mayo de 2017, llamamos a la unidad de la clase trabajadora y a la recuperación del Socialismo como proyecto histórico. Solo en Socialismo podremos convertirnos en la clase social que dirija esta iniciativa a través de la construcción de un nuevo Estado y una nueva economía que garantice el bienestar para las grandes mayorías, para la clase trabajadora, para los pueblos indígenas, para las mujeres. Solo en Socialismo lograremos construir el buen vivir. El único y verdadero proyecto de la clase trabajadora es el Socialismo. 

¡Viva la Clase Trabajadora!
Frente Popular

Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas STAP

Colectivo Popular "Otto René Castillo"

Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular de Guatemala SINTRACAPGUA

Colectivo de Acción Política "La Gotera"

Miembro de la Asamblea Social y Popular

sábado, 11 de marzo de 2017

EXIGIMOS JUSTICIA POR ESTE CRIMEN DE ESTADO



#FueelEstadoCapitalistayNeoliberal

La muerte de 40 niñas y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción del Estado, evidencia que estamos ante la absoluta desprotección y vulnerabilidad. En especial lo están quienes debieran representar lo más preciado: las niñas y niños, los adolescentes. El Estado debió haber garantizado la integridad y vida de estas niñas y adolescentes. Contrariamente, se convirtió en su verdugo.

Las evidencias llevan a afirmar que fue una masacre premeditada. Es una ejecución extrajudicial en donde están implicados agentes del Estado, quienes tenían la responsabilidad directa de protegerlas y cuidarlas.

Sin duda, son responsables aquellos que las violentaron y violaron, aquellos que las usaron como mercancía sexual, quienes las agredieron psicológica y físicamente. Pero también son responsables quienes tenían a su cargo la dirección del centro, así como el Secretario de Bienestar Social y el mismo Presidente de la República como su jefe inmediato superior. También tiene responsabilidades la Procuradora General de la Nación, el Organismo Judicial y el Ministerio Público. De ellos dependía el centro donde ocurrió la masacre. Estos funcionarios e instituciones debieron haber atendido con una nueva política a estas niñas, niños y adolescentes, siendo existían denuncias sobre graves violaciones a los derechos de estos seres humanos vulnerables, tanto a nivel nacional como internacional. La negligencia, incumplimiento de deberes e incapacidad es responsabilidad de estos funcionarios.

Los responsables desoyeron las denuncias de esclavitud sexual y tortura psicológica y física  que padecían las niñas, niños y adolescentes en dicho centro. Ignoraron las peticiones y propuestas que realizó el Procurador de Derechos Humanos y organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia, quienes habían planteado el cierre físico de este centro y el traslado y protección de los niños con otra política y en condiciones indispensables para garantizar su protección y atención integral. Las denuncias, exigencias y propuestas fueron ignoradas por el anterior y por el actual gobierno. Esta fue una tragedia y un crimen anunciado.

Más allá, en este hecho doloroso está presente el impacto crudo del capitalismo, que hace que niñas y adolescentes se conviertan en mercancía que pueden ser vendidas y violadas por  el mejor postor. Asimismo, es el resultado de un sistema patriarcal que convierte a la niña, adolescente y mujer en un objeto de apropiación, violencia y esclavitud sexual. Es el resultado de un régimen de represión violenta, que criminaliza a las víctimas y las convierte, en manos de policías y agentes estatales de trata, en objeto hasta privarles de la vida misma. Constituye también, el resultado del Estado capitalista y neoliberal que en aras  de garantizar privilegios a los empresarios para la explotación, el saqueo y la acumulación, sacrifica su deber de protección de los más elementales derechos, como la vida de nuestros niños y niñas. Por eso decimos que este es un crimen más del capitalismo, del patriarcado y un crimen de Estado que no es fortuito sino la continuidad de una política de Estado: la masacre en contra de los seres humanos más desprotegidos y vulnerables, de aquellos que el mismo Estado ha convertido en seres humanos desechables, tal y como lo hizo durante la guerra interna.

Este es un crimen que no debemos dejar que quede en la impunidad. Por ello:

1.      Exigimos la destitución y/o renuncia inmediata de todos aquellos que siendo responsables directos e indirectos, deben ser privados de toda responsabilidad de proteger a nuestra niñez y adolescencia. Su negligencia, incapacidad y responsabilidad penal son evidentes.

2.      Exigimos una investigación científica, juicio y castigo a los responsables directos e indirectos de este crimen de lesa humanidad.

3.      Exigimos al Procurador de Derechos Humanos abandonar su acomodamiento y condescendencia con sucesivos gobiernos, para que en cumplimiento de sus funciones, contribuya a garantizar los derechos de la niñez, adolescencia y de todas y todos los guatemaltecos.

4.      Llamamos a sumarnos sororaria y solidariamente a la protección y recuperación de las niñas sobrevivientes y sus familias, en concreto y en lo inmediato.

5.      Llamamos a ser parte esencial en la protección de la niñez y adolescencia en todos los espacios y momentos de la vida social.

6.      Llamamos a acuerpar las propuestas que en materia de leyes, políticas y acciones realizan organizaciones que trabajan por los derechos del niño y la niña, y de la adolescencia.

7.      Estratégicamente proponemos emprender una lucha política por construir otro Estado: un Estado radicalmente diferente a este que le sirve al capital, al patriarcado, al racismo, y mata a los niños, niñas y adolescentes.

Colectivo Popular Otto René Catillo

Miembro del Frente Popular y Asamblea Social y Popular  

martes, 7 de marzo de 2017

POR UN OCHO DE MARZO
CONTRA EL PATRIARCADO Y EL CAPITALISMO



Como Colectivo Popular Otto René Castillo nos sumamos a la conmemoración del ocho de marzo, como un homenaje a todas las mujeres de la historia, que luchan por  transformar el patriarcado y el machismo como causas de la opresión, violencia y la exclusión hacia la mujer y como razones fundamentales que nos impiden construirnos como una sociedad con equidad y justicia.

Pero también lo hacemos recordando que este día tiene su origen en la lucha de mujeres de la clase trabajadora, que en demanda de mejores condiciones laborales, de trabajo y salariales, de una vida digna, fueron –como siguen siendo– vilmente asesinadas y reprimidas por los capitalistas. Es decir, es una conmemoración que para nosotras y nosotros también tiene un carácter clasista, contra el capitalismo y, por consiguiente, contra el imperialismo.

Estas luchas debieran transcurrir y desarrollarse como aguas de un mismo río. La lucha contra el femicidio, por la justicia en casos de violencia sexual y política (como el de  Sepur Zarco), contra la mayor explotación de las mujeres en empresas capitalistas en lo urbano y lo rural y en casas particulares, por la defensa del territorio, por acceso a tierras y defensa del agua, contra la opresión en el ámbito privado y público, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por la vigencia de derechos, son vertientes de una misma causa. 

Las luchas que dieron origen a esta conmemoración, como otras que han sido interpretadas por las mujeres como necesarias, tienen absoluta vigencia. Una vigencia que hace que nos enfrentemos al capitalismo, como al Estado, al machismo como al patriarcado. Es decir, que también confrontamos las políticas de flexibilización laboral y de saqueo de los bienes naturales comunes, contra el machismo y misoginia que reproducen el interés empresarial, corrientes fascistas y atrasadas, contra un Congreso que sigue negándose a decretar leyes que reconozcan derechos de la mujer (como la paridad y alternabilidad, a la salud integral y autodecidida), contra un Estado que sigue permitiendo el femicidio, la explotación y las violencias.

En este marco, entonces, manifestamos nuestra disposición para gestar un proyecto civilizatorio, que se oriente a transformar en todos los órdenes y ámbitos, las relaciones que afectan en específico a la mujer, como al pueblo en su conjunto. Un proyecto que se nutre de cada lucha y organización, de cada propuesta táctica como estratégica formulada desde el movimiento feminista y de mujeres.

Por eso este ocho de marzo nos sumamos a la lucha por los derechos, por la dignidad y la vida plena, la justicia y la equidad para todas las mujeres, porque la sabemos y entendemos como una lucha por construirnos como una sociedad radicalmente diferente a la que reproduce el capitalismo y el patriarcado.


 Colectivo Popular Otto René Castillo

Miembro del Frente Popular y de la Asamblea Social y Popular

miércoles, 19 de octubre de 2016

REVOLUCIÓN PARA CONSTRUIR UNA NUEVA GUATEMALA

Se cumplen 72 años de la gesta heroica de los revolucionarios de 1944, que se enfrentaron de forma victoriosa a la dictadura de los 14 años de Jorge Ubico, una de las más cruentas y sanguinarias que la oligarquía le impuso a nuestro pueblo.

Las revolucionarias y revolucionarios de ese entonces nos legaron un ejemplo. Soñaron un país con justicia social. Por eso, entre 1944 y 1954 trabajaron y lucharon por garantizarnos derechos a todas y todos. Con la reforma agraria hicieron realidad la consigna justa de “la tierra para quien la trabaja”; instituyeron el Código de Trabajo, se eliminó el trabajo forzoso y se instauró la jornada laboral de ocho horas. Nos legaron el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la educación y la salud pública. Crearon el Banco de Guatemala y el Banco de Desarrollo Agrario, como instituciones orientadas al desarrollo del país. Construyeron la carretera al atlántico, el puerto Santo Tomás, la planta hidroeléctrica Jurún Marinalá. Se garantizó la autonomía para la USAC, las municipalidades, al deporte, entre otras. Se decretó el derecho al voto a la mujer. Se garantizó el derecho de organización, la  libertad política, la participación real y una democracia verdadera. Nos ensañaron que se puede avanzar para construirnos como un país soberano, independiente y solidario.

Desde la invasión y el golpe de Estado de 1954 contra nuestro presidente Jacobo Árbenz Guzmán, la oligarquía, las empresas transnacionales y el imperio de Estados Unidos se han encargado de destruir y robarse todas esas obras y logros revolucionarios. A partir de ese año, quienes han dominado el país nos hicieron entrar en un período de oscuridad, genocidio, saqueo, explotación, opresión, que dura hasta la fecha y que se expresa en: miseria, desnutrición, hambruna, desempleo, violencia y muerte; en explotación y despojo de nuestros bienes comunes; en la negación de los derechos a la salud y educación; en la criminalización y represión; en la corrupción que sigue campante como forma de acumulación de riqueza para la oligarquía y sus secuaces, en la reproducción de la opresión étnica y del sistema patriarcal y machista.

Es por eso que seguimos conmemorando la gesta revolucionaria de 1944. Porque estamos empeñados en recuperar esos logros y esas raíces históricas para hacer renacer el proyecto político que nos permita construir un país verdaderamente democrático, donde todas y todos vivamos dignamente, con trabajo, seguridad, justicia y bienestar. Porque seguimos comprometidos en luchar de forma organizada como clase trabajadora, como pueblos indígenas, como mujeres, como juventud, para hacer avanzar una estrategia en unidad coherente con nuestros intereses, a sabiendas que tenemos que enfrentarnos al poder de la oligarquía, de las empresas transnacionales y del imperio estadounidense. Enfrentándolos y venciéndolos con las más altas convicciones y estrategia de unidad haremos realidad ese proyecto de país que anhelamos.

Por eso afirmamos: es necesario recuperar las ideas, prácticas, el proyecto y la estrategia revolucionaria, que nos permita la toma del poder del Estado, para construir un país POPULAR, de beneficio para la clase trabajadora y las grandes mayorías; MULTISECTORIAL, donde estemos representados todos los pueblos, las comunidades, los campesinos, los obreros, las mujeres, los jóvenes, los pobladores; PLURINACIONAL, donde los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos y ser parte en la conducción política del nuevo Estado. Pero no podemos perder de vista: esto será posible sólo en un ESTADO SOCIALISTA, donde la oligarquía, las empresas transnacionales y el imperio de Estados Unidos ya no sean quienes decidan por nosotros, ni por nuestro presente ni por nuestro futuro.

SOLO EN EL SOCIALISMO OTRA GUATEMALA ES POSIBLE

¡VIVA LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1944!

FRENTE POPULAR
SOBERANÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD
¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 20 de octubre de 2016.

miércoles, 2 de septiembre de 2015

NUESTRO RECHAZO ROTUNDO A LA VOTACIÓN DEL 6 DE SEPTIEMBRE

Desde siempre, como Frente Popular hemos desarrollado una política contra el sistema corrupto, mafioso, oligárquico, al servicio del capital y del imperio estadounidense. Es este el marco en el cual tomamos posición y rechazamos las votaciones del 6 de septiembre, pues estamos convencidos, como lo han planteado muchas instituciones y organizaciones, en que este proceso electoral es ilegítimo, ilegal y fraudulento, y se dan en un marco donde se ha violado flagrantemente la Constitución Política de la República de Guatemala con las ejecutorias del Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El resultado de la votación del 6 de septiembre –puesto que de elección y decisión ciudadana no tiene nada– será dotar al Estado caduco e inservible para las grandes mayorías de nuestro país,  de nuevas y viejas caras al frente del organismo ejecutivo, legislativo y alcaldías municipales, que devenidas de un sistema de partidos políticos corrupto, al servicio del narcotráfico, la oligarquía y la vieja y emergente burguesía, reproducirán las mismas políticas y los mismos vicios que hoy enfrentamos. Esto se constata con candidaturas presidenciales, a diputados y alcaldes que enfrentan antejuicios, quienes tienen vínculos con el narco, son operadores de grupos corporativos oligárquicos, son ex militares contrainsurgentes y corruptos, o políticos que ven en el servicio público una posibilidad de enriquecerse. Son ejemplo de esto, Baldizón, los Barquín, Torres, Leal Castillo, Ríos Sosa, Morales, Canela, Arzú, Gutiérrez, los Arévalo, los Quej Chen, Portillo, Estrada, Giammattei, entre otros muchos y en todos los niveles.

A esta votación, además, llegamos sin contar con alternativa real de y para los pueblos, la clase trabajadora y los sujetos históricamente oprimidos y marginados (niñez, juventud, mujer, campesinado, comunidades rurales, áreas marginales, etc.). Construir esa alternativa es una tarea pendiente, con la cual nos comprometemos y avanzamos. En esa búsqueda apostamos por continuar nuestra participación activa en la Asamblea Social y Popular y otros colectivos ciudadanos.

En esta coyuntura hemos logrado ganar una primera batalla: obligar a los diputados al retiro del derecho espurio de antejuicio contra Otto Pérez Molina, el principal cabecilla de una de las viejas redes de crimen y corrupción conocida: “El Sindicato”, y que hoy se conoce como “La Línea”. Junto a él, se ha logrado la captura de decenas de ex militares, funcionarios públicos, empresarios y operadores criminales. Esto ha sido, sin duda, un triunfo del pueblo, de la ciudadanía en general y de los sectores organizados que hemos estado librando una lucha incesante contra la corrupción y el crimen, lo que es decir, por la justicia. Es una batalla ganada a esos partidos y políticos corruptos.

Pero esta es sólo una primera batalla ganada.

Hace falta avanzar en un Gobierno Provisional, que con representación de los sectores mayoritarios de nuestro pueblo, de los pueblos mayas, xinca, garífuna y mestizo, cree las condiciones para convocar a una Asamblea Constituyente, con poder originario, para dotarnos de una nueva Constitución Política Democrática, Popular y Plurinacional.

En esa dirección y ante estas condiciones, nuestra acción debe dirigirse a:

1.  Rechazar las elecciones, para no continuar avalando este sistema mafioso y corrupto, este Estado burgués y oligarca. 

2.  Rechazar el gobierno de transición en el que ya avanzaron el CACIF y EEUU con el nombramiento de un vicepresidente espurio y de nuevos ministros al servicio de grupos corporativos y de la Embajada de EEUU. Estos nombramientos y lo que pueda venir, será decisión, además, de un congreso corrupto e ilegítimo.

3.  Avanzar en la lucha ideológica y políticas para construir una correlación de fuerzas favorable a la clase trabajadora, a los pueblos y sujetos oprimidos y excluidos, que nos permita lograr las transformaciones estratégicas que requiere el Estado para construir otro modelo de economía y sociedad.

¡En estas elecciones, resistencia y ruptura!


FRENTE POPULAR
SOBERNÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD
¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!


Guatemala, 2 de septiembre de 2015.

martes, 7 de julio de 2015

¡REFORMAS Y DEPURACIÓN YA!

Los Pueblos, Autoridades, Comunidades y Organizaciones que integramos la Asamblea Social y Popular exigimos al Congreso de la República apruebe de urgencia nacional las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos propuestas por el Tribunal Supremo Electoral, ingresadas a curso legislativo el 26 de junio reciente. Estas propuestas incluyen aquellas emanadas de la Asamblea Social y Popular y consensuadas en la Plataforma para la Reforma del Estado de la cual hacemos parte.

En especial, nos pronunciamos a favor de reformas que garanticen:

1.       Un régimen de representación equitativo y alternado por género, pertenencia étnica y edad en los órganos internos de los partidos políticos y en sus listados de candidaturas a diputaciones y corporaciones municipales.
2.       Eliminación del financiamiento privado a los partidos políticos
3.       Acceso equitativo a los medios de comunicación por todos los partidos políticos
4.       La creación de Comités Cívicos distritales, que puedan proponer candidatos por su distrito
5.       Limitar la reelección de diputados y alcaldes municipales.
6.       Darle validez al voto nulo

La crisis del sistema político, la responsabilidad de los partidos políticos y los políticos, así como la falta de legitimidad en que se desarrolla el proceso electoral, hacen urgente que estas reformas entren en vigencia de inmediato. Por estas razones: EXIGIMOS QUE SE POSPONGAN LAS ELECCIONES GENERALES PARA EL MES DE NOVIEMBRE (PRIMERA VUELTA) Y DICIEMBRE (SEGUNDA VUELTA)  PARA QUE LAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS ENTREN EN VIGENCIA DE INMEDIATO y sean el fundamento para la realización de elecciones de las cuales surjan funcionarios honrados, idóneos y capaces para facilitar, con participación de nuestros pueblos, solución urgente a los graves problemas nacionales.  No es la primera vez que se modifica la fecha de elecciones. Reiteramos: ¡no queremos corruptos, mafiosos y narcos  como autoridades nacionales y locales!

Por último, EXIGIMOS LA RENUNCIA INMEDIATA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, OTTO PÉREZ MOLINA, ASÍ COMO A SU GABINETE. Su responsabilidad política y los indicios sobre su involucramiento con redes corruptas y mafiosas, su participación en el genocidio y crímenes de lesa humanidad, y su responsabilidad en el agravamiento de la crisis social, económica y política de la clase trabajadora y de nuestros pueblos, lo convierten en un gobernante indeseable e ilegítimo para la mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas.

Al Congreso de la República, a los partidos políticos que lo integran, les exigimos que den curso al ANTEJUICIO CONTRA AL PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA. Asimismo, exigimos al Ministerio Público, a la CICIG, a la Contraloría General de Cuentas y al Organismo Judicial, a investigar de forma pronta y cumplida al presidente y su gabinete, a todos los empresarios involucrados en actos de corrupción, y juzgarlos con la rigurosidad que exige su involucramiento en hechos violatorios de la ley y el interés público y común. No es posible que altos funcionarios y empresarios involucrados en estas redes de corrupción y crimen sigan libres, como sucede con Roxana Baldetti, Baudilio Hichos y Pedro Muadi.

En los tres organismos del Estado está la capacidad para que el país salga de esta crisis o se enrumbe por un camino de insospechada confrontación.


ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR

Guatemala 6 de julio de 2015.

viernes, 22 de mayo de 2015

ANTE LA CRISIS POLÍTICA: UN ESTADO POPULAR Y PLURINACIONAL

Ha sido público el descubrimiento de la estructura criminal "La Línea", dedicada a la evasión fiscal y el contrabando, al servicio de grandes y medianos empresarios, donde se articulaban viejas redes de militares mafiosos que integraron bandas delincuenciales desde finales de los 70 e inicios de los 80, así como redes de abogados y jueces encargados de garantizarles impunidad. A partir de este hecho, y del descubrimiento de otras “Líneas” (como la del IGSS) que llevan al Presidente de la República, el país ha entrado en un momento político que se caracteriza por:

1) Una crisis gubernamental, que se explica por el conflicto entre esas redes de criminales, en el cual se encuentran vinculados el presidente Pérez Molina y Roxana Baldetti, siendo que la red controlada por Pérez Molina quiso quedarse con todos los beneficios del manejo gubernamental. Es una crisis que también genera la disputa por el control del Estado entre sectores empresariales, algunos de los cuales buscan también impunidad siendo sus vínculos con “La Línea” y otras redes mafiosas.

2) Esta es una crisis, que da como resultado la captura de una parte de la estructura criminal "La Línea", la renuncia de Roxana Baldetti y otros ministros producto de la presión de la Embajada de EEUU, el CACIF y el movimiento ciudadano contra la corrupción. Una crisis en la cual pareciera que han acordado ocultar la información sobre los grandes y medianos empresarios evasores de impuestos y contrabandistas, permitir que los señalados se queden con el botín robado y, muy probablemente, queden en la impunidad.

3) Esta crisis ha estimulado las contradicciones entre empresarios vinculados a estas redes, que se encuentran enfrentados en sectores como el financiero (intento de quebrar Banrural), el sector de comunicaciones (con el pleito entre Ángel González y sus canales de televisión abierta, y Mario López dueño de Tigo, los Archila y sus radios y canales de televisión por cable), el aduanero (por establecer quien controla de ahora en adelante la SAT), y el gubernamental (unos sosteniendo a Otto Pérez y otros pujando por su renuncia), etc.

4) No obstante sus contradicciones, la principal organización de la burguesía en el país, el CACIF (vocera de los grupos corporativos unidos en el G-8), ha logrado acuerdo para un manejo controlado de la crisis. En esa dirección, ha logrado dar un golpe de Estado técnico, con la imposición de Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo Vicepresidente (un contrainsurgente y defensor de intereses oligárquicos) y avanza con la renuncia de ministros del PP. Tal parece que el CACIF busca la renuncia de Pérez Molina y que sea Maldonado Aguirre quien controle la transición gubernamental que les permita mejores condiciones para evitar que Baldizón llegue a la presidencia y, en el peor de los casos, una negociación favorable con éste.

5) La crisis gubernamental, que no cesa todavía, la están protagonizando tales intereses empresariales y mafiosos, además del imperio yanqui, interesados en el control del Estado y avanzar en sus intereses de acumulación, monopolio y control político. En el mejor de los casos –para ellos–  intentarán que esta crisis concluya pronto, para abrirle paso a la contienda electoral. Quienes realmente están disputando las elecciones y por consiguiente el control del aparato gubernamental y legislativo, son esas mafias (de ex militares y militares de alta, aliados con funcionarios públicos y empresarios) y expresiones de la burguesía guatemalteca (grupos de burguesía emergentes y grupos de la oligarquía tradicional). Dejarán sólo migajas para los partidos pequeños, que funcionan como satélites sistémicos en el sostenimiento de la institucionalidad y legalidad burguesa.

En este contexto, el movimiento ciudadano contra la corrupción ha irrumpido como expresión ética para exigir la renuncia del binomio presidencial. Sin embargo, siendo que la actual situación política ha desnudado la grave problemática del Estado, las demandas populares se han ampliado y madurado, al punto que hoy, otros sectores se han unido a la movilización, protesta y exigencia, sumando otras justas demandas. En este marco y siendo que la crisis revela los problemas estructurales del país, como Frente Popular nos pronunciamos por:

1.   La renuncia de Otto Pérez Molina, Alejando Maldonado Aguirre y todo el gabinete corrupto. Ligado con lo anterior, la desestructuración de las redes de crimen organizado (incluidos empresarios, militares y funcionarios corruptos), su captura,  enjuiciamiento y que devuelvan cada centavo robado. Asimismo, la exigencia para que salga del país el Embajador de EEUU,  por la política intervencionista e injerencista que impulsa.

2.  La exigencia de suspensión de elecciones para no reproducir el mismo sistema corrupto, la aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, y la depuración del Congreso de la República. Toda acción legislativa adicional debe ser suspendida hasta que surja una nueva Constitución Política.

3. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva CONSTITUCIÓN POLÍTICA POPULAR Y MULTINACIONAL, que permita transformar el Estado desde los intereses de la clase trabajadora del campo y la ciudad, los pueblos indígenas y mestizos, las mujeres y la juventud.

4.      La inmediata nacionalización de la producción y distribución de la electricidad, la suspensión de la minería y construcción de hidroeléctricas, entre otros proyectos extractivos, la universalización en el acceso a la salud a través del IGSS, así como el respeto a las Consultas de Buena Fe realizadas por cerca de cien pueblos indígenas y mestizos.

5.      La necesidad de articularnos como organizaciones, comunidades y pueblos, para que desde ahí se geste la propuesta y la estrategia para lograr el objetivo de esa nueva Constitución Política, la cual será el resultado de nuestra lucha y de una correlación de fuerzas que nos favorezca. A los sectores populares y ciudadanos les llamamos a que continuemos la movilización, la organización y la articulación con el movimiento popular y desde ahí impulsar las transformaciones históricas necesarias e imprescindibles.



¡CONSTRUYAMOS OTRO ESTADO DESDE ABAJO Y A LA IZQUIERDA!

FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad y Solidaridad
¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, mayo de 2015

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