LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1944 Y LA NECESIDAD DE RECREARLA

La Revolución de Octubre de 1944 constituye un hito histórico en la lucha digna, valiente y decidida del pueblo guatemalteco.  Son 70 años de aquel acontecimiento histórico que permitió construir un país soberano, digno, solidario, enrumbado en la senda de la verdadera justicia social. Dos fueron los gobiernos inolvidables que encabezaron esa gesta entre 1944 y 1954: los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo y Juan Jacobo Árbenz Guzmán.

No obstante el derrocamiento de la dictadura oligárquica encabezada por Jorge Ubico entre 1930 y 1944, y los enormes avances en educación, salud, reforma agraria, infraestructura, deporte, cultura, etc. la histórica oligarquía no cesó en tratar de derrocar a los gobiernos revolucionarios. Fue hasta 1954 cuando la intervención militar de Estados Unidos, la complicidad sumisa de la oligarquía, la traición del ejército y la complicidad de la jerarquía católica, permitieron desarrollar una campaña mediática, política y militar que logra consolidar el golpe de Estado al Presidente democráticamente electo de Árbenz Guzmán.

A partir de ahí, la oligarquía guatemalteca y el ejército, con la asesoría, financiamiento, equipamiento y conducción de la Embajada de Estados Unidos, inician un período gobierno militares, fraudes electorales, de secuestros, torturas, asesinatos y crímenes de lesa humanidad como las masacres, para imponer el régimen de dominación en contra de la clase trabajadora del campo y la ciudad, de los pueblos indígenas, de los intelectuales y de todos aquellos sectores críticos y democráticos. Este período duró más o menos hasta 1985, cuando inicia una fase de falsa democracia tutelada por el ejército y de negociaciones para la pacificación del país que concluye con la desmovilización de las fuerzas revolucionarias en armas. 

A partir de 1996, se afianzan las políticas neoliberales, privatizadoras y entreguistas, y se abre paso a una fase de despojo de los recursos naturales, estratégicos para el país y para la vida de nuestros pueblos. Paulatinamente, los gobiernos de Arzú, Portillo, Berger, Colom y Pérez Molina, se fueron convirtiendo en descarados promotores, facilitadores y defensores de los proyectos extractivos (minería, petróleo, hidroeléctricos, turísticos), de los agro negocios de palma aceitera y caña de azúcar, y de la entrega del país a los intereses del capital transnacional y de la oligarquía guatemalteca. Hoy, esto sucede, a través de un gobierno militar, autoritario, corrupto y represivo, que ha estado implementando una estrategia casi contrainsurgente a partir de identificar como enemigo interno a los pueblos, movimientos y organizaciones que se resisten al saqueo y la explotación.

Así, después de los diez años de Primavera Democrática (1944-1954) y de sesenta años de terror, explotación y saqueo (1954-2014), la tarea que se impone es la recuperación de la perspectiva y la estrategia revolucionaria. Es decir, recuperar el Programa de la Revolución Guatemalteca.  Esto con los objetivos de: 1) Repensar el instrumento de articulación para la toma del poder del Estado; 2) Enfrentar la política de dominio de la clase dominante y del capital transnacional, de sus servidores en el Estado y sus aparatos; 3) Avanzar hacia la transformación radical del país, que nos permita construir una sociedad post capitalista. Sociedad post capitalista que sólo será posible en el Socialismo, único proyecto que nos permitirá convertirnos en un Estado con plena justicia social, plurinacional y profundamente democrático.

 

¡Viva la Revolución de 1944!

¡Viva la Revolución Guatemalteca!

¡Viva la Revolución Socialista!

FRENTE POPULAR

Vamos Patria, la Lucha continúa

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

Guatemala, octubre de 2014

TRIUNFO POPULAR

Pueblos originarios y sectores populares hemos librado una batalla contra el poder político y contra transnacionales, y la hemos ganado.

¡Triunfo Popular!  Hemos logrado derrotar la Ley Monsanto. El congreso de diputados indignos ha dado marcha atrás.

Ahora a enfocarnos en otras leyes y políticas que ya fueron aprobadas o están pretendiendo aprobar, para avanzar en la profundización de la explotación y el expolio.

Frente Popular

NO A LA LEY MONSANTO

Vende patrias, mercaderes de la política, corruptos, indignos. Estos son los calificativos que merecen los partidos políticos, los políticos y el gobierno de Otto Pérez Molina, quienes votaron a favor de la Ley Monsanto o Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (Decreto Legislativo 19-2014). A estas alturas, la única explicación posible para que diputados, partidos y gobierno aprobaran esa ley es que fueron sobornados.

Pero además, su aprobación fue tramposa y alevosa. Los diputados, partidos y el gobierno actual, aprobaron esta ley sin el conocimiento ciudadano y agregaron a ésta una ampliación presupuestaria para proyectos de infraestructura, que no tiene ninguna relación con la norma, pero aprovecharon para aprobar un préstamo que  potencia la campaña de Alejandro Sinibaldi, el candidato oficial.

Contrarios a los intereses nacionales, al bien común, a la protección del ambiente y la biodiversidad, a la seguridad y soberanía alimentaria, al respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de toda la ciudadanía en general, estos diputados, partidos y gobierno actual aprobaron una ley que proviene de las corporaciones del agronegocio de muerte: Monsanto, Bayer, Dupont, Syngenta, entre otras.

Con esta Ley se privatizan las semillas de plantas como el maíz, frijol, papa, arroz, flores, arveja, etc., las cuales pasarán a ser patentadas y por consiguiente deberán ser compradas a estos agronegocios.  Esto implica que los agricultores y campesinos deberán pagar por el uso de tales semillas De lo contrario, cualquiera que las use puede ser objeto de sanciones económicas y cárcel. Estas empresas se convertirán en las dueñas de las patentes de las semillas y por consiguiente se impondrán en todos los ámbitos de la producción agrícola y campesina.

Esta Ley, entonces, es contraria a los intereses de todos los agricultores y campesinos de nuestro país, destruirá la agricultura familiar y la economía rural y campesina, encarecerá los precios de los alimentos para todos los guatemaltecos, enfermará aún más a nuestro pueblo, y atenta contra el conocimiento ancestral de pueblos y comunidades.

Esta es una LEY DE HAMBRE Y MUERTE. Por esas razones debe ser DEROGADA EN SU TODALIDAD. Para ello debemos hacer conciencia y levantar la movilización de todas y todos los guatemaltecos en contra de este ley, para que el Congreso la derogue  en su totalidad e inmediatamente. Las reformas a esta ley sólo serán una trampa para mantener intacto su carácter de LEY DE HAMBRE Y MUERTE.

 

¡NO A LA LEY MONSANTO!

¡NO A LA LEY DE HAMBRE Y MUERTE!

¡DEROGACIÓN TOTAL E INMEDIATA DE LA LEY MONSANTO!

 

FRENTE POPULAR

Vamos Patria, la Lucha continúa

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

EL GOBIERNO DE OTTO PÉREZ MATANDO GUATEMALTECOS OTRA VEZ

Tal como fue la tónica de su paso por el ejército, ahora en el ejecutivo, Otto Pérez Molina continúa siendo fiel sirviente del empresariado nacional y transnacional. Impone a sangre y fuego los proyectos extractivos de minería, hidroeléctricas, explotaciones petroleras, además de otros proyectos y actividades lesivas al ser humano y al ambiente, como los transgénicos, agronegocios y los cobros expoliadores de las empresas de electricidad.

Ahora el sufrimiento lo vive en carne propia el Pueblo Q’eqchi’. La causa es un conjunto de proyectos extractivos (minería, hidroeléctricas y agronegocios) impuestos a comunidades y pueblos que exigen ser consultados previamente y de buena fe, quienes  reivindican su derecho a decidir el desarrollo que desean y no el que se les impone desde el Estado y desde el empresariado expoliador. Por estas razones, cientos de comunidades a nivel nacional y en el departamento de Alta Verapaz han protestado y por esto se resisten a  la imposición. 

Esta es la causa por la cual, el gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi, intentó desalojar violentamente a ciudadanos de las comunidades Monte Olivo y Nueve de Febrero, para imponer el proyecto de la hidroeléctrica Santa Rita. Este desalojo revelaba la falsedad del anuncio sobre un acuerdo de las comunidades de la rivera del Río Dolores (Cobán) con la empresa, para la construcción de la hidroeléctrica. Esta es la causa, asimismo, por la cual el gobierno dictatorial de Pérez-Baldetti-Sinibaldi, intentó capturar a líderes comunitarios de comunidades de Cobán, Chiséc, Raxruhá y otros municipios del departamento, quienes se resisten al expolio de ENERGUATE, empresa expoliadora que cobra sumas exorbitantes en el servicio de energía eléctrica.

La represión del gobierno queda clara en los hechos ocurridos entre el 14 y 16 de agosto: destrucción de viviendas, allanamiento ilegal de casas de habitación, detenciones ilegales, desplazamiento de población hacia las montañas, 50 familias que quedaron en la absoluta indefensión al destruírseles su vivienda, violencia en contra de hombres, mujeres, niños y ancianos, lo cual en total dejó el saldo de decenas de heridos, capturados y tres campesinos muertos: Luciano Can, Oscar Chen y Sebastián Rax. En síntesis: terror estatal y empresarial contra las comunidades rurales, campesinas y maya q’eqchi’es.

 Ante estos hechos criminales, como Frente Popular, exigimos:

1.      Juicio y castigo contra los responsables materiales e intelectuales de estos hechos de terror. En específico, de la destrucción de viviendas, capturas ilegales y del saldo de decenas de heridos y el asesinato de tres campesinos q’eqchi’es.

2.      La liberación de los campesinos y campesinas secuestradas-apresadas entre el 14 y el 16 de agosto. Su detención desde el inicio fue ilegal y deben quedar en libertad inmediatamente.

3.      Suspensión de todas las órdenes de aprehensión, pues esto sólo constituye la criminalización en contra de ciudadanos honrados que han decido resistir ante la imposición del gobierno y las empresas. Asimismo, porque alejan la búsqueda por una solución a las demandas sociales que legítimamente plantean las comunidades rurales, campesinas y mayas en Alta Verapaz y en el país en general.

4.      Investigación del accionar de las autoridades gubernamentales (Presidente, Ministro de gobernación, gobernador departamental y alcalde municipal), empresarios y grupos paramilitares que actuaron conjuntamente en los hechos represivos. Esta es obligación del Ministerio Público y de la Procuraduría de Derechos Humanos.

5.      Desmilitarización de la región. Que el ministro de gobernación deje de amenazar con un Estado de sitio y con militarizar el departamento con la falsa justificación del narcotráfico. La militarización sólo agudizará la conflictividad, cuyos responsables serán el gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi y las empresas extractivas.

6.      Cese de las intimidaciones en contra de periodistas y comunicadores comunitarios.

7.      La captura y condena de los responsables de los hechos de violencia en contra de hombres, mujeres, jóvenes y niños en la región de Monte Olivo, sucedidos entre 2013 y 2014, y de los cuales son señalados los finqueros de apellido Ponce, así como empresarios y empleados de la Hidro Santa Rita.

Por último, manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades campesinas, con el Pueblo Q’eqchi, y con las familias de las víctimas del terrorismo de Estado implementado por el gobierno Pérez-Baldetti-Sinibaldi.

 

¡Justicia para las víctimas del terrorismo de Estado!

¡No más represión para imponer al anti desarrollo Y LOS PROYECTOS DE MUERTE!

 

FRENTE POPULAR

Vamos Patria, la Lucha continúa

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

Guatemala, agosto de 2014

CONDENAMOS EL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO PALESTINO

Como Frente Popular manifestamos nuestra indignación y condena contra el Estado sionista de Israel, el cual históricamente ha venido aplicando una política genocida contra el pueblo palestino y, en los últimos días, ha iniciado una estrategia de ataques en territorio palestino, asesinando vilmente a hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Todo ello en su pretensión de aniquilar al pueblo palestino y concluir el despojo iniciado con la instauración del Estado de Israel.

Esto se realiza con la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea, y de un conjunto de organismos, que no obstante sus tibios discursos, avalan la política de agresión que impulsa el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Además de solidaridad de nuestros pueblos y de todos los pueblos del mundo, es fundamental una condena mundial en todos los espacios posibles, para detener el genocidio en contra del pueblo palestino.

 

Frente Popular

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

Guatemala, 11 de julio de 2014

¿POR QUÉ VIAJAMOS AL NORTE?

La respuesta del Imperio ante la ola migratoria

Los gringos han cerrado filas ante la oleada de migrantes centroamericanos que han llegado a Estados Unidos. Tanto que altos funcionarios suyos se han desplazado a los países del istmo para verificar que esas oleadas sean frenadas por sus gobiernos lacayos instalados en México, Guatemala y Honduras. Aunque el presidente de ésta última nación abogó por una reunificación familiar más que una vil y despreciable deportación. De El Salvador todavía no se sabe su reacción que por la línea política de su nuevo presidente se espera sea más digna y firme. Al fin y al cabo los millones de mexicanos y centroamericanos que viven y trabajan en el norte son los que hacen los trabajos más pesados e, incluso más agotadores y deprimentes, ganando muchos de ellos, menos que los ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, eso no importa. Tan es así que solo en Guatemala, según el informe más reciente de su Banco Central, las remesas, que es el dinero expresado en dólares proveniente de Estados Unidos fruto de los ingresos de los migrantes, legales e ilegales, se incrementaron en un 9%. Cifra que supera a los ingresos que generan los agroexportadores con todo y la gran propiedad que poseen, las facilidades que les da su Estado benefactor y el tráfico de influencias. Sin contar en ello, la evasión fiscal a que están acostumbrados la cual provoca un enriquecimiento superlativo entre sus miembros que, en comparación numérica con la mayoría de guatemaltecos, es ínfima. Dicha evasión también se traduce en la escasez y deterioro de los servicios públicos esenciales que usa esa gran mayoría.

Esas remesas enviadas por los trabajadores centroamericanos en Estados Unidos son las que hicieron que el Producto Interno Bruto, solo en Guatemala, creciera un 3.4%, sin que el mérito se lo den a estos quienes son fuertemente explotados en el Norte y que para enviarlas a sus familias en su país de origen, se abstienen de vivir mejor con tal de que esos dólares les sirvan a sus seres queridos quienes, si no fuera por ellos, tendrían una existencia mucho más difícil de cómo la experimentan cotidianamente. Ese crédito, los medios de propaganda, en total contubernio cínico y rastrero con la oligarquía, lo atribuyen a los “exitosos” empresarios de estos países que no hacen más que perpetuar una estructura productiva primitiva en comparación a la de los países desarrollados. Dependientes de una fuerza de trabajo macilenta a la cual le exprimen no solo su sangre sino hasta lo más sagrado como son sus hijos.

Por eso, en el caso guatemalteco, que nos atrevemos a decir, es muy similar a los tres países limítrofes, México, Honduras y El Salvador, los adultos han tomado la determinación de migrar al norte en busca de mejores prerrogativas para no morir ellos y sus familias pausadamente de miseria. Pues, los ingresos que resultaban suficientes en años anteriores, se han visto rebasados ante el incremento acelerado y sostenido de los productos de la canasta básica resultado del desmantelamiento de las unidades productivas que nutrían el mercado interno como son las del pequeño campesinado, las cuales fueron desapareciendo gradualmente al ser despojados aquellos de sus exiguos medios de producción, en especial la tierra, para dotar de ella, ancestral, descontaminada y productiva, a las empresas transnacionales, donde la oligarquía participa activamente como socia menor, con el fin de dedicarla al mercado de agro exportación y de commodities (siembra de caña de azúcar como materia prima para fabricar etanol; palma africana para elaborar aceite no solo para consumo humano sino industrial; hidroeléctricas para producción de energía eléctrica barata para los grandes consorcios manufactureros y extractivos más no para las poblaciones adyacentes; metales preciosos y energéticos, así como petróleo, que sirven de materias primas en la industria y la demanda de objetos ornamentales de lujo como el oro que en el mercado internacional alcanza un precio que fluctúa entre 14 y 16 mil dólares la onza troy y que, sin embargo, a nuestros países le dejan, aparte de contaminación de sus fuentes de agua y territorios, superficies baldías y deforestadas, problemas de salud en la población y militarización de las áreas donde se asientan, un risible ingreso a las cajas públicas del Estado mientras dichas corporaciones se llevan la parte del león y un poco más).  Todo esto en el marco del cumplimiento fiel del Tratado de Libre Comercio con el Norte –CAFTA-, por sus siglas en inglés.

Ese neo despojo  ha incidido en un incremento de la miseria en las comunidades rurales que sumado a la herencia de los conflictos armados que han dejado engendros como las bandas paramilitares que otrora fueron subvencionadas por los Ejércitos de nuestros países y por el gobierno de Estados Unidos en su momento de contención del comunismo internacional, ahora han mutado en bandas criminales que, cual lo hacían sus similares en los páramos medievales donde el Estado no existía, hoy, en pleno siglo XXI, asolan las comarcas campestres robando y exigiendo los pocos bienes que dichas poblaciones poseen o echándolas de sus territorios a través del mecanismo de la extorsión, los vejámenes y el asesinato bajo las ordenes de los oligarcas. Eso ha devenido entonces, en que muchas personas de esas poblaciones asediadas, migren hacia los centros urbanos de sus respectivos países, formando nuevos cinturones de miseria con sus consabidos problemas referentes a la carencia o escasez de servicios públicos, seguridad en el plano extendido de la palabra y el desarrollo. Y, otros muchos más, allende de nuestra fronteras patrias como los que se aventuran hacia Estados Unidos a cuyo territorio tienen como meta llegar, no buscando el sueño americano propio de un ideal de los años 50 del siglo pasado como nos quieren hacer creer los medios de propaganda genuflexos al gran capital, sino por la esperanza de una mayor tranquilidad con respecto a su ambiente y por la simple ventaja económica de ver transformado el fruto de su trabajo en 8 veces más de lo que percibirían en sus países de origen si es que consiguen trabajo formal. Por ejemplo,  en Guatemala un dólar vale lo que valen 8 unidades de su moneda, por lo que el interés por ese canje resulta sumamente atractivo. En los demás países las razones son similares.  

Como la ferocidad de las bandas armadas en el campo y las ciudades se ha vuelto un problema social que los Estados no han podido erradicar; ni quizá lo deseen por los beneficios a corto plazo que esto conlleva al evitar con dicho clima de inseguridad la sublevación de la sociedad, ahora los migrantes también han pensado en mandar a traer a sus hijos o llevarlos consigo. Esa decisión se ha tornado en un incremento de la ola migratoria de menores de edad, poniendo en apuros al gobierno gringo que se ha visto rebasado en su fuero racista al ver como personas, a quienes considera inferiores, llegan en grandes cantidades a su territorio y, de las cuales prefiere tener un flujo determinado para evitar que sus ciudades se atiborren de tugurios similares a los de las urbes latinoamericanas donde fácilmente crece el germen del crimen pero también el de la revuelta social. Lo que obvio, mermaría sus ganancias al tener que gastar más sus elites en seguridad y vigilancia. También ha puesto en evidencia a las oligarquías locales de estos países tercermundistas y dependientes, a quienes no es que les importen los migrantes, sean de la edad que sean, sino que con ello se descubren ante el mundo en su inoperancia e ineficiencia. Incapaces de propiciar un ápice de desarrollo y seguridad a sus ciudadanos, aún dentro de relaciones capitalistas.

Esto, no obstante, también demuestra al mundo la podredumbre y la descomposición que el capitalismo, como sistema productivo, distributivo y de consumo, va sufriendo. Especialmente, en sus zonas periféricas como las nuestras, a medida que se contrae a nivel mundial en su hálito desarrollista, trayendo como corolario una ausencia cada vez más sustancial en todos los ámbitos donde antes hacía presencia su figura de Estado, para concentrarse ahora solo en las metrópolis y dentro de éstas, en sus zonas ricas, exclusivas y urbanizadas claramente definidas pero bajo un modelo policiaco para resguardarlas de la plebe amenazante. De tal manera que como una premonición luxemburguiana, la barbarie va ganando cancha poco a poco a la civilización burguesa.

Es tal esta desintegración capitalista que en la antaña rica y ejemplar Europa, sus estados de bienestar han dado paso a la mercantilización burda de sus servicios más elementales –educación, salud, seguridad social- dejando desamparados a miles de sus otrora orgullosos ciudadanos los cuales hoy se suman al paro el cual oscila entre 25 y 30% elevándose al doble en su población joven. En Oriente Medio, dicha descomposición se evidencia más dramática, pues en su región el imperialismo y sus secuaces, se devanean con auxilio de ejércitos mercenarios y fundamentalistas armados por ellos por la conquista y control de sus recursos energéticos, especialmente el petróleo, no importándoles propiciar e inmiscuirse en guerras étnico-religiosas que desangran a sus diferentes pueblos que en un pasado mediato cohabitaban pacíficamente. No les importa, recurrir a lo que antes se cuidaban de no asociarse en público: el fascismo, para imponer a sangre y fuego su dominio militar que es lo único que les va quedando al verse seriamente cuestionada su modelo productivo y su moral.

Volviendo a nuestros países, ahora la estrategia está basada en más de lo mismo: la militarización como respuesta a los flujos migratorios. Se instalarán, en las fronteras de Honduras y El Salvador, sendos cuarteles castrenses que albergarán fuerzas armadas de tarea para controlar a los locales y extranjeros que osen viajar a la metrópoli imperial como ya está instalada en la frontera con México cuyo estado, obviamente, hará lo suyo. Se anuncia así, criminalizar a los llamados coyotes, polleros, etcétera que es como se denominan popularmente a los traficantes de migrantes, entre los que no nos sorprendería se incluyan a los mismos padres y familiares de los niños que van con ellos desesperados por el clima de ingobernabilidad. Es así como responde un Estado terrorista como el de Estados Unidos junto a sus lacayos de México, Guatemala y Honduras, ante una situación que ellos mismos han creado pero de la cual ahora reniegan y tratan de culpar a otros. Por ello, como ejemplo de ese cinismo, no solo es insolente sino risible y caricaturesco, la postura de la esposa del Presidente de Guatemala que llegó a culpar a la madre del niño que murió en las inmediaciones de McCallen, Texas por deshidratación cuando, en pos del sueño americano, aquel quería alcanzar al final del camino, una estabilidad económica jamás gozada en su aldea perdida en un paraje lejano incrustado en las montañas de los Cuchumatanes en la provincia de Chiantla, Guatemala, con cuya base, poder sufragar los gastos médicos en que se incurrieran para tratar la incurable epilepsia de su madre. ¿Será que la encopetada y desfachatada esposa del presidente Pérez Molina llegará a ese paraje lejano en que vive la humilde, doliente y endeudada familia del niño héroe para, en principio solidarizarse con ella por la pérdida del hijo y para, en segunda instancia, ayudarla económicamente para salir de las deudas y procurar por su medio, asistencia médica, cuya obligación es responsabilidad de los que como ella, detentan el poder en ese país de miserables? Jamás, son farsas como las que vienen expresando los miembros de su clase parásita y anodina y sus lacayos como la que pronunció su Ministro de Relaciones Exteriores al afirmar que el Estado, a través del gobierno del Cambio, haría los esfuerzos pertinentes para asegurar un futuro mejor para los niños de su país que serán deportados de Estados Unidos, tal como se acordó con los gringos y todos los que viven en Guatemala. Palabras huecas que no hacen más que repetir las promesas y mentiras que propalan y han venido propalando, por lo menos desde hace 60 años, en plena época contemporánea, los verdugos del pueblo que lo mantienen en esas condiciones de miseria para ellos asegurar su bienestar y derroche a través de la apropiación del fruto del trabajo de esos a quienes ahora culpan y persiguen.

En conclusión, ante las contradicciones que provoca un sistema de explotación, expoliación y saqueo cuyos artífices y continuadores son el gobierno de Estados Unidos y las oligarquías locales de estos países serviles al Imperio, su solución es la misma: represión, persecución, asesinato, confinamiento y ultraje.

México, Guatemala, Honduras y El Salvador serán transformados ahora en grandes cárceles de donde se prohibirá a sus ciudadanos más pobres escapar contradiciendo uno de los pilares fundamentales del libre comercio al que aseguran defender a capa y espada: la libre movilidad de las mercancías, entre ellas la humana.

Por esa minúscula arista negativa más las muchas que corroe al capitalismo, un mensaje para los que aún creen que este sistema solo necesita unos ajustes: ¡Urge la Revolución Socialista!

 

COLECTIVO LA GOTERA

Guatemala, julio 10 de 2014

Nuevos desalojos violentos en el Polochic

Hoy, jueves 10 de julio, a media maña, un contingente de la PNC conformado por 400 efectivos, acompañados de guardias privados al servicio de la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN-, desalojaron violentamente a 80 familias de la comunidad Nabalija, del municipio del Estor, de los terrenos que ocupaban desde hace más de un año y que la compañía de Níquel, reclama como propias. Como producto de este violento desalojo, hay varios heridos que han sido trasladados hacia la cabecera municipal del Estor para su atención médica.

Posterior a este desalojo este desproporcionado contingente de fuerzas represivas se está dirigiendo hacia la comunidad de Setal para desalojar a las 100 familias que viven en terrenos supuestamente propiedad de la CGN.

Estos hechos violentos y represivos contra las comunidades Q'eqchi's del Polochic atentan contra la integridad física de hombres, mujeres, niños y ancianos de dichas comunidades y violentan el derecho de acceso a la tierra y a la alimentación que el estado está comprometido a garantizar. Pretender resolver la conflictividad del Polochic por la vía de desalojos violentos que normalmente van acompañados de la violación a otros derechos de las comunidades es la negación de estado democrático de derecho.

Solicitamos amplia divulgación a dicha información que seguiremos ampliando.

FUNDACION GUILLERMO TORIELLO

Guatemala 10 de julio 2014

Parafraseando a Hugo Maul R.

Antonio Castillo

Hugo Maul R, el 16 de junio del presente año, escribió en el diario de difusión masiva elPeriódico, el artículo Sindicalismo estatal y pactos colectivos, en el cual hace referencia al estudio La Amenaza de los Pactos Colectivos en el Sector Público, realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN–, un centro para-empresarial, promotor de ideas neoliberales desde su origen. Desde el pensamiento neoliberal, este artículo pone en cuestión los pactos colectivos, cuestionando la dinámica para llegar a estos y sus implicaciones para las finanzas estatales, entre otros aspectos.

Es este el artículo que da vida a este escrito, con un sentido complementario de paráfrasis antagónica al redactado por Hugo Maul R. Es decir, recuperando el mismo discurso de Maul R, pero incorporándole un sentido de clase social contrario al que él como ideólogo para-empresarial promueve.

Así: Fortalecer lo público, el interés común, tiene como punto de partida despertar la conciencia ciudadana respecto de los riesgos que implica continuar con las prácticas que los dueños del capital implementan en el sector público. Prácticas que constantemente atentan contra la deteriorada salud de las fianzas públicas y, por consiguiente, contra la deteriorada educación, salud y demás garantías para la vigencia de derechos ciudadanos; prácticas que entorpecen y encarecen los servicios públicos y limitan que los trabajadores del Estado gocen de mejores salarios y condiciones laborales; prácticas que impiden la gestión de aquellas políticas públicas orientadas al bienestar de los sectores desposeídos, a la prestación de servicios públicos con calidad y efectividad en sus impactos en las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Contrario a lo que algunos centros para-empresariales como el CIEN publican, los pactos colectivos han sido los procedimientos que, en el contexto del Estado de derecho que protege al capital, se han constituido en la forma posible para lograr avances en materia laboral dentro del Estado. Contrario a esto, centros como el CIEN pretenden hacernos creer que sus planteamientos y estudios que cuestionan estos pactos colectivo, no atentan contra los derechos de la clase trabajadora. Lo que hacen de forma subyacente es ocultar las prácticas de los empresarios hacia el Estado, que con el control de los aparatos estatales, ministerios y políticas públicas fundamentales, en complicidad con funcionarios públicos de turno, se orientan a expoliar las arcas públicas, y a quienes no se les exige que rindan cuentas y muestren transparencia y responsabilidad en sus negociaciones.

Es necesario que la ciudadanía comprenda que, detrás de estos “estudios”, como los del CIEN y ya no digamos los de ASÍES y FUNDESA, se esconden intereses, como la defensa de los intereses empresariales, contrarios a los intereses de la clase trabajadora. Que detrás de tales estudios se esconden poderosos y perversos intereses y negocios que gravitan en contra del interés común, del interés público; que dichos estudios se orientan a negar que la clase trabajadora requiere, no sólo salarios mayores sino mejores servicios públicos como complemento necesario para garantizar sus derechos, que en todo caso son los derechos de las grandes mayorías. Son “estudios” con planteamientos que niegan la negociación de pactos colectivos al aducir que los funcionarios públicos, al carecer de “los incentivos correctos para adoptar posturas fuertes a favor del interés general”, pues no están comprometiendo “su patrimonio propio” –como sería el caso de los empresarios–, para adoptar “una postura congruente con la defensa del bolsillo de los contribuyentes”, como si los empresarios al negociar sus intereses lo hicieran en función de la defensa del bolsillo de nosotros los contribuyentes.

Y es que, en estos “estudios” se oculta lo que es evidente en la realidad: en cada negocio que realizan empresas y grupos corporativos con el Estado, así como en cada Ley y política que se aprueba en el Congreso o se implementa en los ministerios, se facilita la explotación y el saqueo, es decir, los intereses del capital, de los empresarios. Y en estos casos múltiples, constantes y alevosos, el ciudadano queda completamente desprotegido ante el juego de intereses e quienes históricamente han manejado el país, con la complicidad de los políticos de turno. Con una pequeña diferencia, en el caso de los políticos, los votantes tienen la capacidad de relevarlos por otros, aun cuando quienes son electos en cada elección pasan a ser los nuevos sirvientes del empresariado. En el caso de los empresarios que manejan a su sabor y antojo al Estado, desde dentro (como Castillo Sinibaldi, Gustavo Alejos, por ejemplo) o desde fuera (como los Gutiérrez Bosch, los Castillo, los Novela, los Maegli), tal mecanismo de control “democrático” está vedado a la población, a la cual no le queda sino asumir los costos (pobreza, miseria, represión, etc.) de las decisiones que otros toman, supuestamente, en su beneficio.

Por eso, parafraseando antagónicamente a Hugo Maúl R., afirmamos que los ciudadanos estamos ante la amenaza constante, manifiesta, de los intereses empresariales en el sector público. Asimismo, que los políticos de turno y los grupos empresariales, gestan un contubernio timocrático, que ni por asomo rinden cuentas por sus actuaciones. En este marco, los pactos colectivos, son herramientas de la clase trabajadora en el Estado, para negociar sus legítimos intereses.

Resistencia nacional

Por Antonio Castillo

Los hechos de represión indiscriminada en contra de niños, ancianos, mujeres y hombres de comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (Guatemala), a manos de un contingente de la PNC, el 23 de mayo pasado, es una demostración, una vez más, que en Guatemala, antes de prevalecer el bien común, el interés público, predomina el interés de la clase dominante y del capital transnacional.

Quienes representan los intereses de la clase dominante y el capital transnacional, aglutinados en la Cámara de Industria, la Cámara de Industrias Extractivas y el mismo Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, aducen que son estas inversiones (de saqueo, expolio, desposesión) las que permitirán reducir la pobreza, crear empleo, aportar tributos. 

Son estos núcleos de poder históricamente dominantes en el país, quienes ocultan que son estas inversiones las que contaminan, concentran, se apropian y despojan al pueblo de sus riquezas, y que además generan violencia y represión bajo un manto de impunidad. Ocultan que es este régimen económico (que históricamente han construido), el que ha impedido que millones de guatemaltecos satisfagan dignamente sus necesidades vitales, porque pagan salarios de hambre y mantienen a millones en el desempleo y subempleo. Ocultan que son ellos quienes menos impuestos pagan y que son las capas medias y la mayoría de la clase trabajadora quienes más tributan a través del injusto Impuesto al Valor Agregado –IVA. Ocultan que son ellos quienes evaden impuestos de forma  legal (a través de sus Fundaciones, por ejemplo) e ilegal, generando un fraude de miles de millones que bien podrían ser utilizados en garantizar salud, educación, vivienda, transporte digno y seguridad para las grandes mayorías.

Como buenos fascistas, ofenden a los ciudadanos y ciudadanas, a las comunidades rurales mestizas e indígenas, cuando afirman que resistencias como la de La Pura son manipuladas por extranjeros o personas pagadas desde el exterior. Los ofenden porque no reconocen que estas ciudadanas y ciudadanos, tienen la capacidad de analizar y decidir qué es desarrollo y qué no lo es, y de discernir sobre los efectos negativos y sobre el despojo que representan estas actividades extractivas. Alaban eso sí, a mestizos o indígenas cuando estos acuerpan y defienden sus intereses como clase dominante, como los llamados empresarios mayas, o como Alberto Chumil Julajuj, Alcalde Indígena de Sololá, y Joaquín Nicolás Ordóñez Yax, Autoridad Indígena Ancestral Maya de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes contrario al interés de quienes les han electo, han impulsado acciones para beneficiarse de una alianza con quienes históricamente han explotado, expoliado y oprimido a los pueblos originarios.

Estos intereses son los que se operan los medios de difusión masiva: un discurso de desarrollo que en realidad esconde el interés de la acumulación de capital por desposesión, el cual se abre paso a toda costa, incluso de la vida de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Esto es lo que opera la red de medios hegemónicos de prensa, televisión y radio, y sus principales editorialistas, columnistas, entrevistadores y entrevistados, quienes reproducen una matriz de falta de información, desinformación y opinión, a favor de la sacrosanta propiedad privada; una matriz mediática que criminaliza toda oposición a estas forma de expolio, acusándolas de ser manipuladas por organismos internacionales y ONG, cuando no de grupos al margen de la ley y terroristas.

Sabiendo que tienen el control del Estado y que el gobernante de turno juega el papel de operador político de primer orden, los dueños del capital local y transnacional invocan al llamado Estado de Derecho para imponer a fuerza de violencia sus intereses, tal y como lo han hecho históricamente. Acusan a quienes resisten del intento por hacer de nuestro país (del cual se creen dueños absolutos) un territorio donde exista impunidad y donde se impida la inversión privada, sin recordar que ellos han reproducido un régimen de impunidad para beneficiar dicha inversión privada y, sobretodo, para obtener la máxima ganancia, a costa de reproducir la pobreza y miseria de la mayoría de quienes integran nuestro pueblo.

En este marco se entiende la represión implementada por el gobierno de Otto Pérez Molina, quien ha sido un fiel guardián de sus intereses. Un gobierno que privilegia y defiende el Estado de Derecho (el Estado de Derecho burgués) y evade aquella parte de la Constitución Política de la República de Guatemala que mandata al Estado a garantizar el bien común.

A estas alturas es evidente que el actual régimen ha optado por la más descarada defensa del saqueo y para ello ha decidido utilizar toda la fuerza represiva disponible, violando Derechos constitucionalmente reconocidos y violando un conjunto de Derechos Humanos.

Así que la respuesta no puede ser sino la del impulso de un proceso de resistencia, cuya tarea principal sea movilizar a todo el país, en el entendido que ninguna resistencia localizada podrá defenderse por sí misma y menos lograr el objetivo de detener el expolio. Sólo así se podrá detener, asimismo, la intentona de gestar un gobierno dictatorial a través de una reforma constitucional conservadora o de un golpe de Estado blando o duro.

LA PUYA: POR LA COHESIÓN DE LA LUCHA

La falta de respeto, el abuso, la prepotencia son consustanciales a un gobierno que cree que los recursos naturales de un país son de su propiedad. Si en algún momento se ve frenado es por la presión social e internacional para cometer desmanes contra la resistencia de quienes defienden estos como parte de una visión mucho más acorde con la racionalidad que debe existir de su explotación la cual no debe reñir con la preservación del ambiente. Y, por supuesto si esta explotación se traduce en beneficios para, en principio, las comunidades cercanas a donde están dichos recursos y, en segunda instancia, para toda la nación a través de un contrato donde gane el país en primer lugar y la parte empresarial en segundo lugar. O sea, con porcentajes mayoritarios para comunidades y nación y menores para la empresa explotadora de dichos recursos. Como en otros países soberanos donde se ha estructurado una ganancia de 51% para el Estado y 49% para las empresas. Ese justo equilibrio trae implícito no solo la transparencia, sino el elemento indispensable del resguardo de la soberanía y el respeto a la opinión de las comunidades donde se instalarán los diversos proyectos extractivos y por supuesto, de la nación toda.

Esta visión más equilibrada, más equitativa es normal en sociedades que han entendido que de no serlo así la confrontación y el conflicto derivarán como algo lógico en lo inmediato o en el mediano plazo. Sin embargo, en Guatemala, las negociaciones que debieran ser de Estado a Estado o de Estado hacia empresas, son manejadas por grupitos oligarcas que manejan a este Estado como suyo y, por consiguiente, se creen dueños de los recursos de todos. Y, quien ose oponerse a ello un enemigo del progreso y el desarrollo. Claro, del progreso y desarrollo de esa oligarquía por desbaratarle esos caprichitos y frenarle los jugosos negocios que de antemano han cerrado con los otros lo que demuestra esa prepotencia inherente a esta clase anodina que aún se cree con derechos de encomienda y repartimiento.

El generalato que nos oprime, no que nos gobierna, pues esto requiere de una buena dosis de autoridad que nunca ha obtenido, tiene, por lo mismo, que recurrir siempre a la represión que va desde el crimen y la golpiza hasta el amedrentamiento y la amenaza. Esos son sus recursos y lo serán hasta que no haya un relevo total, lo que implica una revolución social y un relevo en las cúpulas del poder a favor de los sectores populares. De lo contrario seguirán habiendo estos abusos y prepotencias. Si tienen a un pelele en una pantalla denominada graciosamente Comisión de Diálogo, es como se dice en buen chapin: “para taparle el ojo al macho”, pues, el diálogo jamás puede existir en circunstancias donde ellos han negociado antes con otros sobre los puntos fundamentales del negocio con ventaja, alevosía y secretismo.

El desalojo violento del paraje La Puya, no es más que una repetitiva acción de un gobierno estéril para la mayoría pobre y explotada de este país, cuyo objetivo no es más que seguir esquilmado y saqueando en aras de un enriquecimiento privado de sus su funcionarios. Sin embargo, por su arrogante voracidad no se dan cuenta que el cántaro ha ido muchas veces al agua y está a punto de romperse. Es un ciclo histórico que jamás ha fallado. No obstante esa realidad, la izquierda, especialmente aquella de cuya experiencia se esperaría un liderazgo más activo y comprometido,  sigue siendo miope y no ve más allá de la realidad inmediata lo que la maniata para poder estar a la altura de los hechos cometiendo errores previsibles donde muchas veces pierden la vida inocentes y más vulnerables.

Por ello, ante la confirmación, una vez más, que este gobierno como fiel representante de los intereses oligárquicos nacionales y extranjeros no tiene capacidad de diálogo bueno sería, en principio, unificar las diferentes expresiones de izquierda, sentarse a discutir estrategias y tácticas para enfrentar la política de este Estado represor. En segunda instancia, desconocer a esa triste figura del Comisionado del Diálogo que no ha servido más que para mediatizar y engañar a los que han creído seriamente en ese ejercicio y a los líderes corruptos de la izquierda que estén en contubernio con él. En tercer lugar, unificar la condena nacional a favor de los desalojados en cualquier parte del país. Esto dará no solo cohesión sino una voz única que represente las luchas comunitarias. Y, en cuarto lugar, acudir a las instancias internacionales para denunciar a este gobierno por su engaño y desfachatez.

O la justicia es para todos o no lo es.

¡¡¡La Puya es nuestra bandera de lucha!!!

COLECTIVO “LA GOTERA”

Guatemala, 25 de mayo de 2014

NUESTRO REPUDIO A LA REPRESIÓN DE PÉREZ-SINIBALDI-CACIF

Como Frente Popular condenamos la represión en contra de comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, las cuales llevan dos años asentadas en La Puya para resistir al proyecto minero de la transnacional estadounidense Kappes Kssiday & Associates –KCA- y la guatemalteca Exmingua.

Es indignante la complicidad del gobierno de Pérez-Sinibaldi-CACIF que actúa para proteger el vil saqueo del país.  Con cerca de 500 efectivos de la PNC, entre los cuales también estaba al jefe de seguridad de la empresa minera, protegidos con potentes equipos para la represión, con centenares de bombas lacrimógenas, agredieron sin ningún tipo de consideración a niños, ancianos, mujeres –algunas embarazadas–, jóvenes y hombres, quienes en actitud pacífica han estado resistiendo para evitar la actividad minera y para defender el territorio, la vida, el agua y la tranquilidad social, todo contra lo cual atenta esta actividad capitalista. 

La actitud de la resistencia de La Puya ha sido heroicamente pacífica. Y esto se reiteró el 23 de mayo. Sentados y acostados en la carretera, se posicionaron para evitar el desalojo. No obstante, la PNC, acompañados por personeros de la empresa minera, llevaba órdenes del Ministro de Gobernación para desalojar a ciudadanos que reivindican derechos que les corresponden en tanto guatemaltecos, los cuales han sido violados reiteradamente por el Estado.

La represión, fue evidente, se hizo bajo la consigna de reprimir con toda la fuerza posible y  costara lo que costara. Así inicia un episodio de represión desmedida: rociamiento de gases lacrimógenos, agresiones físicas y detenciones, lanzamiento de bombas lacrimógenas como potentes proyectiles, capturas de ciudadanas y ciudadanos dignos de las comunidades aledañas, así como de organizaciones sociales y de Derechos Humanos solidarias.

La consigna implícita del gobierno de Pérez-Sinibaldi-CACIF era: El Oro o la Vida.  O se lograba la entrada de maquinaria de la empresa minera al lugar concesionado para el saqueo, o se reprimiría hasta las últimas consecuencias a la población. Una vez más, el gobierno, como representación de un Estado que históricamente ha sido el instrumento fundamental para garantizar la explotación y el expolio a manos de capitalistas locales (CACIF) y transnacionales, actúo consecuente con su carácter: guardián militar al servicio de la burguesía y el capital transnacional.

Desde cualquier perspectiva que veamos este hecho represivo es injustificable. Es evidente que el gobierno no protege el interés público, el interés común, el interés de todos los guatemaltecos, sino el expolio a manos de empresas capitalistas, el cual podrá ser legal, pero es ética, social, económica y políticamente ilegítimo.  La minería no puede ni siquiera ser justificado como un buen negocio para el país, porque es un vil saqueo de los recursos nacionales, de los recursos públicos. Es evidente que el diálogo planteado por el gobierno ha sido una farsa reiterada, que se corrobora con la brutal represión a la resistencia de comunidades en La Puya que siempre manifestaron su disposición a dialogar.

Ante un gobierno como el de Pérez-Sinibaldi-CACIF, lo único que queda es la resistencia, como ejercicio de Derecho reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Tal parece que sólo de esta manera será posible garantizar el interés común y legítimo de los pueblos de Guatemala.

Como Frente Popular reiteramos nuestra solidaridad y reconocimiento a la Resistencia de La Puya, por su lucha pacífica y decidida en defensa de sus derechos, que este gobierno se empeña en negar y violar.

Expresamos nuestra reiterada condena a la represión del gobierno de Pérez-Sinibaldi-CACIF, a quienes responsabilizamos por los hechos de represión estatal o violencia paramilitar (de empresas de “seguridad” privada) que han afectado y que pudieran afectar a las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que resisten en La Puya.

Nuestro reiterado llamado a solidarizarse con la Resistencia de La Puya y a fortalecer los esfuerzos para articularnos en defensa del territorio en todo el país.

  

FRENTE POPULAR

SOBERANÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 25 de mayo de 2014.

PROPUESTAS DEL FRENTE POPULAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO Y REVOLUCIONARIO EN GUATEMALA

LA NECESARIA ARTICULACIÓN POLÍTICA

Es indudable que en la coyuntura actual se impone la necesidad de la articulación política de organizaciones y movimientos que estamos luchando, desde distintos frentes, ante la explotación, el expolio y la opresión que implementan las principales formas en que el capital transnacional y local se organiza económica, social, cultural y políticamente, así como el Estado que ha sido construido históricamente para tales fines y que hoy el gobierno derechista del Partido Patriota, como buen operador de tales intereses, implementa a través de sus políticas entreguistas y represivas.

Y es un reto porque enfrentar tales poderes requiere que las luchas se extiendan con acciones a nivel nacional para potenciarse y evitar que sean acorraladas en lo local o regional, en lo sectorial y en subterfugios de diálogo y de subvenciones que mediatizan.  Asimismo, para que tales luchas se conviertan en parte de un programa político que las potencie en la búsqueda de construir poder popular (de clase, étnico y de género) y para tomar el poder del Estado, principal e ineludible instrumento con el cual impulsar las transformaciones históricas y estructurales necesarias.

Pero dicha articulación es y debe ser concebida en su complejidad. Para que dicha articulación se logre debe considerar, entre otros elementos:

1)      El reconocimiento que las organizaciones y movimientos actualmente existentes corresponden a sujetos socio-políticos.

Esto significa que constituyen procesos históricos, presentan distintos arraigos territoriales, han gestado agendas y programas políticos, decidido estrategias de lucha, construido liderazgos y alcanzado distintos grados de desarrollo ideológico y político, entre otros elementos de distinto orden. 

Es decir, esto significa el reto de articular las diferencias en materia de visiones, luchas y prácticas, lo que imposibilita de inmediato la unidad, aun cuando esta debiera ser un propósito en el mediano y largo plazo, pero nunca a ser impuesta. Tal articulación de las diferencias es tan importante como articular aquello que compartimos. Ambas dimensiones, sin duda, pueden permitir gestar conjuntamente un programa político compartido.

2)      Es indudable que si la articulación estratégica es el genuino propósito, se dará prioridad a éste y no a la imposición de la agenda, estrategia y conducción de un tipo de organización.

Esto quiere decir, que si una organización opta por lo electoral porque esa es su búsqueda, no debe pretender imponerla a través de subterfugios a las demás; así como las demás organizaciones deben respetar el hecho de que una organización opte por lo electoral. Anteponer lo electoral o lo no electoral, resultará en un resquebrajamiento de la posibilidad de articulación que en un momento pueda encontrar posibilidad de gestarse. Se afirma lo anterior porque esto es lo dominante en los últimos esfuerzos de articulación política que se expresaron, con sus matices, en el Movimiento Político y Social de Izquierda (MPSI) y la Mesa de Unidad de las Izquierdas o Mesa Unitaria, que antecedieron a la creación del Movimiento Amplio de Izquierda –MAÍZ- y del Frente Amplio, sólo para poner a consideración los dos productos y los dos momentos electorales anteriores al actual, y que fueron oportunidades perdidas por prácticas que deben ser asumidas crítica y autocríticamente.

3)      Antes que pensar en abrir un congreso político, crear una estructura y buscar la aprobación de estatutos, debe garantizarse que se han dado los avances necesarios para lograr dicha articulación.

Esto pasa por reconocer avances, como los gestados por los Consejos de Pueblos, por las organizaciones de mujeres, por los partidos políticos, aun cuando presenten limitaciones de distinto orden.  Igualmente importante será la relación que se geste entre la ciudad capital y los departamentos, entre lo rural y lo urbano, entre las distintas formas de organización y lucha sectorial y territorial, entre los distintos pueblos, entre las distintas identidades y liderazgos. Y esto impone diálogo, en el cual se hable y se escuche, en el cual se maduren propuestas estratégicas y tácticas compartidas.

Todo esfuerzo de articulación política, encuentra ciertas posibilidades en cada momento y coyuntura. Esto podría afirmarse para el contexto de la dinámica electoral. Sin embargo, como ha sucedido en los anteriores intentos, pretender que dicha articulación sea por y para lo electoral, subsumida además en las cooptaciones, imposiciones, luchas por cuotas y hasta deslealtades, enmarcada en el estricto pragmatismo, cortoplacismo y lógica partidaria, resultará en un ensayo que aportará, antes que a la articulación, a retrasarla cuando no a impedirla.

Es legítimo, aunque algunas personas u organizaciones no lo compartan, que se haga llamados a crear frentes o movimientos político-electorales. Pero esta pretensión debe ser planteada de forma explícita y con lealtad, y no pretender imponerla con subterfugios a un esfuerzo de articulación que podría tener posibilidades en el mediano y largo plazo, en sentido estratégico. En ese sentido, lo que se crearía sería una articulación electoral y quienes no estén de acuerdo con ello o con el momento y las condiciones alcanzadas para ello, tendrían todo el derecho de alejarse de dicho esfuerzo.

Es necesario plantear que la electoral es una forma de lucha, que podría llegar a ser la estrategia política. Sin embargo, ante las características del régimen político, la lucha electoral no encuentra justificación en este momento y en este contexto para convertirse en la estrategia política de las organizaciones y movimientos que pretenden las transformaciones que nuestro país y que  los pueblos y sujetos políticos necesitan y requieren. Para esto necesitamos avanzar primero en esa articulación política, marco en la cual deberá concebirse, entre otros asuntos, la estrategia necesaria, en donde la lucha electoral sea analizada en sus posibilidades para convertirse en estrategia política o en una forma de lucha secundaria y complementaria.

Para competir en la contienda electoral se requiere recurso financiero y medios de difusión masiva, que la izquierda no posee. El factor a partir del cual podría empezar a romperse con las limitaciones fundamentales ante tales carencias, se encuentra en la organización, que en este momento histórico pasa por la articulación de organizaciones, movimientos y liderazgos. Sin esto se podrá participar, en buena medida validando el sistema político, pero no se podrá competir por el control del gobierno y menos por la toma del poder del Estado.

Es por ello que como Frente Popular ponemos a discusión estas propuestas que, creemos, pueden contribuir a gestar un movimiento democrático y revolucionario, no como unidad –todavía– sino como articulación política que se geste como movimiento.

Un nuevo movimiento que:

·                  Sea permanente y no coyuntural

·                  Respete la autonomía e independencia de todas las organizaciones políticas y sociales que lo integran. Se base en el principio de articulación desde las diversidades.

·                  Fortalezca la articulación política en perspectiva de gestar estratégicamente la unidad en la diversidad.

·                  Coordine y dirija la acción colectiva de resistencia y ofensiva para la toma del poder. Integre una dirigencia colectiva y representativa.

·                  Parta de una visión estratégica y no restringida a lo electoral.

·                  Se conciba como un Movimiento desde y para los sectores y pueblos en condiciones de explotación, opresión y exclusión.

·                  Tenga un carácter antiimperialista, de liberación nacional y el desarrollo soberano del país.

·                  Que geste toda decisión programática, de estrategia y de lucha como acuerdo, tomando en cuenta la búsqueda estratégica y coyuntural.

Un movimiento que tenga como líneas de trabajo y movimiento estratégico

·                  La discusión y debate sobre la cadena de la explotación, dominación y opresión (capitalismo, patriarcado, colonialismo y racismo)

·                  La articulación a nivel territorial y nacional.

·                  La construcción de la dirigencia colectiva.

·                  La movilización de resistencia desde el territorio hacia el nivel nacional, con perspectiva de clase social y de pueblos, en lucha por la soberanía nacional y la soberanía alimentaria.

·                  La movilización nacional para la toma del poder del Estado.

·                  La formación político-ideológica.

·                  La gestación de una hegemonía popular (anticapitalista, antiimperialista, anti-racista, anti-patriarcal y anti-machista)

·                  La gestación de una economía solidaria de autofinanciamiento para garantizar nuestra independencia ideológica y política.

·                  El hermanamiento con otros pueblos y organizaciones afines que contribuyan a gestar las luchas compartidas.

Un movimiento que se plantee como objetivos de un Programa Mínimo

·                  De-construir y construir los nuevos sujetos políticos de la revolución guatemalteca.

·                  Luchar por los derechos humanos de todos los tipos, órdenes y ámbitos.

·                  Construir un Estado Democrático, Popular, Plurinacional y Revolucionario.

·                  Superar el actual modelo de acumulación de capital mediante el establecimiento de un modelo de desarrollo basado en el buen vivir, planificado y soberano.

·                  Defender y recuperar la soberanía nacional ante los enemigos políticos, sociales económicos y culturales, internos y externos.

·                  Aportar sustancialmente a la construcción de la Patria Grande, Nuestra América, sobre la base de la dignidad, solidaridad, complementariedad y la defensa común en contra de cualquier forma de imperialismo.

Sirvan estas propuestas como objeto de reflexión. Finalmente lo importante es encontrar el camino acertado para transformar todo aquello que debe ser objeto de transformación, sin lo cual será imposible la vida en y con dignidad.

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

¡Vamos Patria, la lucha continúa!

Guatemala, mayo de 2014.