NUESTRO RECHAZO ROTUNDO A LA VOTACIÓN DEL 6 DE SEPTIEMBRE

Desde siempre, como Frente Popular hemos desarrollado una política contra el sistema corrupto, mafioso, oligárquico, al servicio del capital y del imperio estadounidense. Es este el marco en el cual tomamos posición y rechazamos las votaciones del 6 de septiembre, pues estamos convencidos, como lo han planteado muchas instituciones y organizaciones, en que este proceso electoral es ilegítimo, ilegal y fraudulento, y se dan en un marco donde se ha violado flagrantemente la Constitución Política de la República de Guatemala con las ejecutorias del Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El resultado de la votación del 6 de septiembre –puesto que de elección y decisión ciudadana no tiene nada– será dotar al Estado caduco e inservible para las grandes mayorías de nuestro país,  de nuevas y viejas caras al frente del organismo ejecutivo, legislativo y alcaldías municipales, que devenidas de un sistema de partidos políticos corrupto, al servicio del narcotráfico, la oligarquía y la vieja y emergente burguesía, reproducirán las mismas políticas y los mismos vicios que hoy enfrentamos. Esto se constata con candidaturas presidenciales, a diputados y alcaldes que enfrentan antejuicios, quienes tienen vínculos con el narco, son operadores de grupos corporativos oligárquicos, son ex militares contrainsurgentes y corruptos, o políticos que ven en el servicio público una posibilidad de enriquecerse. Son ejemplo de esto, Baldizón, los Barquín, Torres, Leal Castillo, Ríos Sosa, Morales, Canela, Arzú, Gutiérrez, los Arévalo, los Quej Chen, Portillo, Estrada, Giammattei, entre otros muchos y en todos los niveles.

A esta votación, además, llegamos sin contar con alternativa real de y para los pueblos, la clase trabajadora y los sujetos históricamente oprimidos y marginados (niñez, juventud, mujer, campesinado, comunidades rurales, áreas marginales, etc.). Construir esa alternativa es una tarea pendiente, con la cual nos comprometemos y avanzamos. En esa búsqueda apostamos por continuar nuestra participación activa en la Asamblea Social y Popular y otros colectivos ciudadanos.

En esta coyuntura hemos logrado ganar una primera batalla: obligar a los diputados al retiro del derecho espurio de antejuicio contra Otto Pérez Molina, el principal cabecilla de una de las viejas redes de crimen y corrupción conocida: “El Sindicato”, y que hoy se conoce como “La Línea”. Junto a él, se ha logrado la captura de decenas de ex militares, funcionarios públicos, empresarios y operadores criminales. Esto ha sido, sin duda, un triunfo del pueblo, de la ciudadanía en general y de los sectores organizados que hemos estado librando una lucha incesante contra la corrupción y el crimen, lo que es decir, por la justicia. Es una batalla ganada a esos partidos y políticos corruptos.

Pero esta es sólo una primera batalla ganada.

Hace falta avanzar en un Gobierno Provisional, que con representación de los sectores mayoritarios de nuestro pueblo, de los pueblos mayas, xinca, garífuna y mestizo, cree las condiciones para convocar a una Asamblea Constituyente, con poder originario, para dotarnos de una nueva Constitución Política Democrática, Popular y Plurinacional.

En esa dirección y ante estas condiciones, nuestra acción debe dirigirse a:

1.  Rechazar las elecciones, para no continuar avalando este sistema mafioso y corrupto, este Estado burgués y oligarca. 

2.  Rechazar el gobierno de transición en el que ya avanzaron el CACIF y EEUU con el nombramiento de un vicepresidente espurio y de nuevos ministros al servicio de grupos corporativos y de la Embajada de EEUU. Estos nombramientos y lo que pueda venir, será decisión, además, de un congreso corrupto e ilegítimo.

3.  Avanzar en la lucha ideológica y políticas para construir una correlación de fuerzas favorable a la clase trabajadora, a los pueblos y sujetos oprimidos y excluidos, que nos permita lograr las transformaciones estratégicas que requiere el Estado para construir otro modelo de economía y sociedad.

¡En estas elecciones, resistencia y ruptura!

FRENTE POPULAR

SOBERNÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 2 de septiembre de 2015.

¡REFORMAS Y DEPURACIÓN YA!

Los Pueblos, Autoridades, Comunidades y Organizaciones que integramos la Asamblea Social y Popular exigimos al Congreso de la República apruebe de urgencia nacional las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos propuestas por el Tribunal Supremo Electoral, ingresadas a curso legislativo el 26 de junio reciente. Estas propuestas incluyen aquellas emanadas de la Asamblea Social y Popular y consensuadas en la Plataforma para la Reforma del Estado de la cual hacemos parte.

En especial, nos pronunciamos a favor de reformas que garanticen:

1.       Un régimen de representación equitativo y alternado por género, pertenencia étnica y edad en los órganos internos de los partidos políticos y en sus listados de candidaturas a diputaciones y corporaciones municipales.

2.       Eliminación del financiamiento privado a los partidos políticos

3.       Acceso equitativo a los medios de comunicación por todos los partidos políticos

4.       La creación de Comités Cívicos distritales, que puedan proponer candidatos por su distrito

5.       Limitar la reelección de diputados y alcaldes municipales.

6.       Darle validez al voto nulo

La crisis del sistema político, la responsabilidad de los partidos políticos y los políticos, así como la falta de legitimidad en que se desarrolla el proceso electoral, hacen urgente que estas reformas entren en vigencia de inmediato. Por estas razones: EXIGIMOS QUE SE POSPONGAN LAS ELECCIONES GENERALES PARA EL MES DE NOVIEMBRE (PRIMERA VUELTA) Y DICIEMBRE (SEGUNDA VUELTA)  PARA QUE LAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS ENTREN EN VIGENCIA DE INMEDIATO y sean el fundamento para la realización de elecciones de las cuales surjan funcionarios honrados, idóneos y capaces para facilitar, con participación de nuestros pueblos, solución urgente a los graves problemas nacionales.  No es la primera vez que se modifica la fecha de elecciones. Reiteramos: ¡no queremos corruptos, mafiosos y narcos  como autoridades nacionales y locales!

Por último, EXIGIMOS LA RENUNCIA INMEDIATA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, OTTO PÉREZ MOLINA, ASÍ COMO A SU GABINETE. Su responsabilidad política y los indicios sobre su involucramiento con redes corruptas y mafiosas, su participación en el genocidio y crímenes de lesa humanidad, y su responsabilidad en el agravamiento de la crisis social, económica y política de la clase trabajadora y de nuestros pueblos, lo convierten en un gobernante indeseable e ilegítimo para la mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas.

Al Congreso de la República, a los partidos políticos que lo integran, les exigimos que den curso al ANTEJUICIO CONTRA AL PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA. Asimismo, exigimos al Ministerio Público, a la CICIG, a la Contraloría General de Cuentas y al Organismo Judicial, a investigar de forma pronta y cumplida al presidente y su gabinete, a todos los empresarios involucrados en actos de corrupción, y juzgarlos con la rigurosidad que exige su involucramiento en hechos violatorios de la ley y el interés público y común. No es posible que altos funcionarios y empresarios involucrados en estas redes de corrupción y crimen sigan libres, como sucede con Roxana Baldetti, Baudilio Hichos y Pedro Muadi.

En los tres organismos del Estado está la capacidad para que el país salga de esta crisis o se enrumbe por un camino de insospechada confrontación.

ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR

Guatemala 6 de julio de 2015.

ANTE LA CRISIS POLÍTICA: UN ESTADO POPULAR Y PLURINACIONAL

Ha sido público el descubrimiento de la estructura criminal "La Línea", dedicada a la evasión fiscal y el contrabando, al servicio de grandes y medianos empresarios, donde se articulaban viejas redes de militares mafiosos que integraron bandas delincuenciales desde finales de los 70 e inicios de los 80, así como redes de abogados y jueces encargados de garantizarles impunidad. A partir de este hecho, y del descubrimiento de otras “Líneas” (como la del IGSS) que llevan al Presidente de la República, el país ha entrado en un momento político que se caracteriza por:

1) Una crisis gubernamental, que se explica por el conflicto entre esas redes de criminales, en el cual se encuentran vinculados el presidente Pérez Molina y Roxana Baldetti, siendo que la red controlada por Pérez Molina quiso quedarse con todos los beneficios del manejo gubernamental. Es una crisis que también genera la disputa por el control del Estado entre sectores empresariales, algunos de los cuales buscan también impunidad siendo sus vínculos con “La Línea” y otras redes mafiosas.

2) Esta es una crisis, que da como resultado la captura de una parte de la estructura criminal "La Línea", la renuncia de Roxana Baldetti y otros ministros producto de la presión de la Embajada de EEUU, el CACIF y el movimiento ciudadano contra la corrupción. Una crisis en la cual pareciera que han acordado ocultar la información sobre los grandes y medianos empresarios evasores de impuestos y contrabandistas, permitir que los señalados se queden con el botín robado y, muy probablemente, queden en la impunidad.

3) Esta crisis ha estimulado las contradicciones entre empresarios vinculados a estas redes, que se encuentran enfrentados en sectores como el financiero (intento de quebrar Banrural), el sector de comunicaciones (con el pleito entre Ángel González y sus canales de televisión abierta, y Mario López dueño de Tigo, los Archila y sus radios y canales de televisión por cable), el aduanero (por establecer quien controla de ahora en adelante la SAT), y el gubernamental (unos sosteniendo a Otto Pérez y otros pujando por su renuncia), etc.

4) No obstante sus contradicciones, la principal organización de la burguesía en el país, el CACIF (vocera de los grupos corporativos unidos en el G-8), ha logrado acuerdo para un manejo controlado de la crisis. En esa dirección, ha logrado dar un golpe de Estado técnico, con la imposición de Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo Vicepresidente (un contrainsurgente y defensor de intereses oligárquicos) y avanza con la renuncia de ministros del PP. Tal parece que el CACIF busca la renuncia de Pérez Molina y que sea Maldonado Aguirre quien controle la transición gubernamental que les permita mejores condiciones para evitar que Baldizón llegue a la presidencia y, en el peor de los casos, una negociación favorable con éste.

5) La crisis gubernamental, que no cesa todavía, la están protagonizando tales intereses empresariales y mafiosos, además del imperio yanqui, interesados en el control del Estado y avanzar en sus intereses de acumulación, monopolio y control político. En el mejor de los casos –para ellos–  intentarán que esta crisis concluya pronto, para abrirle paso a la contienda electoral. Quienes realmente están disputando las elecciones y por consiguiente el control del aparato gubernamental y legislativo, son esas mafias (de ex militares y militares de alta, aliados con funcionarios públicos y empresarios) y expresiones de la burguesía guatemalteca (grupos de burguesía emergentes y grupos de la oligarquía tradicional). Dejarán sólo migajas para los partidos pequeños, que funcionan como satélites sistémicos en el sostenimiento de la institucionalidad y legalidad burguesa.

En este contexto, el movimiento ciudadano contra la corrupción ha irrumpido como expresión ética para exigir la renuncia del binomio presidencial. Sin embargo, siendo que la actual situación política ha desnudado la grave problemática del Estado, las demandas populares se han ampliado y madurado, al punto que hoy, otros sectores se han unido a la movilización, protesta y exigencia, sumando otras justas demandas. En este marco y siendo que la crisis revela los problemas estructurales del país, como Frente Popular nos pronunciamos por:

1.   La renuncia de Otto Pérez Molina, Alejando Maldonado Aguirre y todo el gabinete corrupto. Ligado con lo anterior, la desestructuración de las redes de crimen organizado (incluidos empresarios, militares y funcionarios corruptos), su captura,  enjuiciamiento y que devuelvan cada centavo robado. Asimismo, la exigencia para que salga del país el Embajador de EEUU,  por la política intervencionista e injerencista que impulsa.

2.  La exigencia de suspensión de elecciones para no reproducir el mismo sistema corrupto, la aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, y la depuración del Congreso de la República. Toda acción legislativa adicional debe ser suspendida hasta que surja una nueva Constitución Política.

3. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva CONSTITUCIÓN POLÍTICA POPULAR Y MULTINACIONAL, que permita transformar el Estado desde los intereses de la clase trabajadora del campo y la ciudad, los pueblos indígenas y mestizos, las mujeres y la juventud.

4.      La inmediata nacionalización de la producción y distribución de la electricidad, la suspensión de la minería y construcción de hidroeléctricas, entre otros proyectos extractivos, la universalización en el acceso a la salud a través del IGSS, así como el respeto a las Consultas de Buena Fe realizadas por cerca de cien pueblos indígenas y mestizos.

5.      La necesidad de articularnos como organizaciones, comunidades y pueblos, para que desde ahí se geste la propuesta y la estrategia para lograr el objetivo de esa nueva Constitución Política, la cual será el resultado de nuestra lucha y de una correlación de fuerzas que nos favorezca. A los sectores populares y ciudadanos les llamamos a que continuemos la movilización, la organización y la articulación con el movimiento popular y desde ahí impulsar las transformaciones históricas necesarias e imprescindibles.

¡CONSTRUYAMOS OTRO ESTADO DESDE ABAJO Y A LA IZQUIERDA!

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad y Solidaridad

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, mayo de 2015

LA LUCHA DESDE, POR Y PARA LA CLASE TRABAJADORA

La clase social dominante (burguesía), quien controla el poder económico y en esencia controla también el poder político, nos explota cada vez más.  Mientras a nosotros nos hunden aún más en la miseria, ellos se vuelven cada vez más ricos.

Por ejemplo: para marzo de 2015, el costo mensual de los alimentos (Canasta Básica) necesarios para una familia de cinco miembros costaba Q. 3,283.00 y el costo de alimentos, más transporte, educación, salud, vivienda, vestimenta y otros (Canasta Básica Vital), alcanzaba la exorbitante cifra de Q. 5,990.00. Sin embargo, el salario mínimo decretado por el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti sólo llega a Q. 2,644 para el sector agrícola y no agrícola y Q. 2,451 para la maquila.

Pero esto no se queda ahí: el gobierno, con la alegría de la burguesía, decretó un salario mínimo apenas de Q. 1,500.00 para cinco municipios: San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (El Progreso), Estanzuela (Zacapa) y Masagua (Escuintla); es decir, un 56.79% por debajo del salario mínimo oficial.

Pero nosotros sabemos que se incumple con el pago del salario mínimo y que en maquilas y fincas se exigen jornadas de más de 8 horas de trabajo, se paga a destajo para pagar menos y se trabaja en condiciones inhumanas, expuestos a accidentes, al crimen y a los agrotoxicos que se utilizan en la caña, la palma, banano, etc. Estas condiciones y situaciones se agravan cuando se trata de mujeres y niños.

Los salarios no alcanzan. Los sistemas de salud y de educación están en crisis porque a los gobernantes no les interesa resolverla, porque son incapaces o simplemente porque están más interesados en robarse el dinero del pueblo y los empresarios en evadir el pago de sus impuestos.

La explotación que padecemos como clase trabajadora se profundiza entonces y se expresa en mayor pobreza y miseria. Mientras, la burguesía se vuelve cada vez más rica. Así: 260 guatemaltecos tienen un capital (propiedades, negocios y dinero) igual al 56% de todo lo que se produce en el país en el año. Otro ejemplo más revelador: el 0.0001% de la población guatemalteca, es decir 15 guatemaltecos, los cabezas de las familias de la oligarquía, tienen más dinero que todo el resto del pueblo junto.

Y no bastándoles, la burguesía y los más ricos de ellos (la oligarquía) controlan la política (el Estado, los partidos políticos, el congreso de la república, las cortes de justicia, la corte de constitucionalidad) para aumentar un más sus ganancias. Y para ello, entre otras cosas, financian a los partidos y candidatos y participan en redes de corrupción como sucede con el famoso caso de “La Linea”

“La Línea” como se le conoce a la red criminal que operaba en la SAT, es sólo una muestra de las mafias y la corrupción en lo cual son cómplices funcionarios públicos, empresarios y militares. Es apenas una muestra de la corrupción y saqueo al más alto nivel en el gobierno de Pérez y Baldetti, un gobierno encabezado por una red de militares y apoyado por la burguesía y controlado principalmente por la oligarquía, es decir, por los más ricos del país.

Es por ello que, como Frente Popular, hacemos un llamado a fortalecer las luchas de la clase trabajadora del campo y la ciudad, de las mujeres trabajadoras, a recuperar nuestra dignidad rechazando la farsa de las elecciones, y luchar por avanzar en dirección a pensar y construir el proyecto político de la clase trabajadora de la ciudad y el campo. Es decir: LUCHAR DESDE, POR Y PARA LA CLASE TRABAJADORA.

Es por esto que participamos en la Asamblea Social y Popular, como una alianza que nos permita ir avanzando en lograr una mejor correlación de fuerzas para nuestras luchas y para cambiar de raíz este país. Por eso organizaciones de los pueblos originarios, campesinas, sindicales, de mujeres, de jóvenes, populares, entre otras, acordamos: movilizarnos el 1 y 16 de mayo para exigir la renuncia de Pérez y Baldetti, exigir que se investigue y se lleve a la cárcel a los altos funcionarios, empresarios y militares que hacen parte de la red criminal “La Línea”, que se les obligue a devolver todo el dinero robado, que se desmonten todas las estructuras criminales en el Estado, que se respete la protesta, resistencia y libre determinación de los pueblos, que se liberen de inmediato a los presos políticos. En lo estratégico, acordamos avanzar hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente, para dotarnos de una nueva Constitución Política, ahora escrita por y para los pueblos originarios, la clase trabajadora, las mujeres, la juventud.

¡Viva la Clase Trabajadora!

¡Viva la Asamblea Social y Popular!

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

¡Vamos Patria, la lucha continúa!

Guatemala, 1 de Mayo 2015

DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR

Declaración de la Asamblea Social y Popular
Por la Asamblea Social y Popular - Guatemala, 29 de abril de 2015

Las delegaciones de mujeres y hombres de 72 comunidades, pueblos, autoridades ancestrales y organizaciones, representantes de los cuatro puntos cardinales, también estamos hartos e indignados ante la corrupción e impunidad.

Saludamos que la CICIG haya dado a conocer con datos y nombres concretos a una de las estructuras corruptas que se apropian de los bienes de los guatemaltecos y guatemaltecas. Demandamos que la CICIG también dé a conocer, investigue y procese a los empresarios usuarios de esta estructura de corrupción, así como el financiamiento de los partidos políticos y que se avance en el desmontaje del resto de estructuras corruptas.

Reafirmamos que lo que ahora se ha denunciado es lo que durante años hemos dicho: el sistema político en Guatemala se asienta y funciona a partir de redes de corrupción e impunidad.

El saqueo a la SAT y el robo de los impuestos de las y los guatemaltecos es parte del robo y saqueo histórico de la fuerza de trabajo de las y los trabajadores; del agua, tierra, bienes del subsuelo y la madre naturaleza. La aprobación de los estudios de impacto ambiental, las concesiones mineras, los negocios de los ministerios, los contratos de servicios en los tres poderes del Estado, la construcción de infraestructura, los negocios en los servicios públicos también son parte de esas redes de corrupción e impunidad.

Lo que realmente está en crisis es el conjunto de la institucionalidad del ejecutivo, legislativo y judicial. Además del ejecutivo, la corrupción en el Congreso y en las cortes, desde su misma elección y su posterior funcionamiento despoja de toda legitimidad a estas instancias, por lo que sus actuaciones son nulas e ilegítimas y por lo mismo llamamos a no aceptar, ni acatar todas aquellas actuaciones que atenten contra los derechos colectivos e individuales de los Pueblos y personas.

Ante la crisis política e institucional generada a partir de la confirmación de la corrupción e impunidad:

Rechazamos al Presidente y Vicepresidenta como representantes de la nación; éstos no tienen legitimidad, ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación y ante tal situación DEBEN RENUNCIAR DE MANERA INMEDIATA A SUS CARGOS y pasar a ser investigados para deducir las responsabilidades correspondientes. En su lugar deberá posponerse la convocatoria a elecciones generales y elegirse un consejo de Estado integrado por representantes de pueblos, sectores populares y sociales.
Que se aplique la ley de Extinción de Dominio y que los bienes de los corruptos, pasen –mediante reforma de ley- a enfrentar la hambruna y desnutrición; para el desarrollo rural, la salud y educación.
El actual Estado fallido no nos representa ni es expresión de la soberanía popular, por lo mismo, llamamos a convocar y constituir una Asamblea Nacional Constituyente, sectorial y de pueblos, que devuelva el poder al Pueblo y elabore el nuevo marco legal constitucional que necesitamos.
Demandamos la pronta e inmediata liberación de los presos políticos, el cese a la criminalización de la lucha social, el rechazo y violencia hacia las mujeres, el racismo, así como la represión como respuesta a las demandas sociales.
Rechazamos la presencia de militares en el gobierno y exigimos su salida de los cargos gubernamentales, asimismo, rechazamos cualquier intento de golpe de Estado provocado por militares o sectores oligárquicos, así como la imposición de estados de excepción que limiten nuestros derechos y garantías.
Reafirmamos el derecho de la ciudadanía a ejercer la soberanía popular y democrática ejerciendo sus derechos legítimos; particularmente la resistencia popular. Rechazamos las medidas de control e intimidación que este gobierno ya comenzó a realizar ya sea directamente o mediante organizaciones como la dirigencia actual de CONIC o personas como Joviel Acevedo.
Llamamos a convocar y constituir Asambleas Ciudadanas Permanentes que contribuyan a la reconstitución de los Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y Pueblos que están en los territorios.

Nuestra propuesta es que la crisis no se resuelve con reformas cosméticas de la SAT, por eso reafirmamos que es necesaria una profunda reforma del Estado que inicie por la reforma de Ley Electoral y de Partidos Políticos para posibilitar la participación de los Pueblos Indígenas y sectores sociales y populares.

Llamamos a todas las comunidades, Pueblos, organizaciones, hombres y mujeres a incorporarnos, en forma pacífica y participativa, desde nuestras experiencias y expresiones culturales, lúdicas, etc a las concentraciones en la ciudad capital, en las cabeceras departamentales y municipales, comenzando el 1º. y 16 de mayo, para exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta, denunciar a los empresarios corruptores y a las estructuras paralelas de los militares que han sido cómplices del despojo a las guatemaltecas y guatemaltecos. Saludamos y motivamos a nuestras hermanas y hermanos en el extranjero a continuar participando de este gran movimiento cívico y ciudadano. En resumen, llamamos a todas y todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, sectores medios y populares, habitantes del campo y la ciudad, todos los sectores interesados en la paz, la vida y la democracia a unirnos, hacer un frente común y construir una Nueva Guatemala.

Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos e instancias de la OEA y ONU; así como a la comunidad internacional a que mantengan su observación sobre la situación de Guatemala

ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR